De acuerdo con la consideración de que la empresa transnacional es un actor clave en el desarrollo de los países donde se instala, en los últimos años se ha materializado la definitiva incorporación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las agendas de la Cooperación al Desarrollo. En esencia, refugiándose en dogmas ideológicos neoliberales tan conocidos como manidos: el crecimiento de la Inversión privada aumenta las capacidades del mercado a nivel nacional e internacional, fortalece al Estado, genera empleo, mejora el flujo financiero, etc.
Las diferentes Agencias de Cooperación al Desarrollo asumen el ensueño de una RSC integral guiada por los Derechos Humanos, laborales, de inspiración ambientalista y con capacidad para ejercer una eficaz contraloría sobre la política implementada por la empresa. Una concepción de la RSC tan deseable como absolutamente inviable y alejada de la realidad, detrás de la que se refugian otros intereses: la expansión del capital a través de la facilitación de la penetración e instalación en otros territorios de las grandes empresas nacionales.
Desde el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL), perteneciente a la ONG Paz con Dignidad, se han desarrollado numerosas investigaciones[1] en relación a los impactos que las transnacionales han supuesto en varios países de América Latina. Huelga decir que dichos estudios concluyen algo bien distinto a los argumentos sobre los que los gobiernos emisores de ayuda se apoyan para justificar sus posicionamientos pro RSC - Cooperación al Desarrollo.
En Colombia, la Inversión Extranjera Directa no ha dejado de ascender en los últimos años. De hecho, sólo española rondó la cifra de 579,16 Millones de € entre 2008 y 2009; sin embargo la inequidad en el país ha llegado a límites insospechados, pues Colombia ha pasado a ser, en un lapso de tiempo de 10 años, el segundo país más desigual de América Latina, sólo superado por Haití[2].
El multitudinario ingreso de transnacionales al país ha aportado una gran cantidad de ingresos; no obstante, sus consecuencias han sido determinantes respecto del incremento de la inequidad y la conflictividad social, pues las transnacionales a) han implicado un considerable aumento de las tarifas de los servicios gestionados por éstas y el empeoramiento de la calidad del suministro (el caso de Endesa o Unión Fenosa son claros ejemplos); b) han cometido serias violaciones de los Derechos Laborales, mediante la prohibición explícita o implícita de los Sindicatos (como es el caso de Telefónica, cuya tasa de sindicación es del 0%, aunque la compañía afirme en su informe de Responsabilidad Corporativa: "Telefónica se compromete a mantener los derechos sindicales y laborales en todas nuestras operaciones, dando protección a todos los trabajadores del Grupo independientemente del país en que trabajen" (Telefónica, 2008)[3]), y la extensión de la subcontratación en forma de Cooperativas de Trabajo Asociado, que si bien no ilegales, sí altamente precarizantes del empleo[4]; c) han fomentado el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas, campesinas y afros de las zonas de instalación de centrales o de extensión de monocultivos (como es el caso del embalse de la Salvajina de Unión Fenosa, la comunidad de Las Pavas por Daabon, o en Cauca y Valle, la incesante presión sobre las comunidades ejercida por Smurfit Kappa cartón de Colombia); además, d) han incurrido en múltiples conflictos con diferentes comunidades por la destrucción del territorio, la cultura propia e incluso la vida (como es el caso de Repsol, o las mineras extractivas como AngloGold Ashanti, cuyo impacto en el territorio no sólo implica el desplazamiento de ciertas comunidades o la destrucción integral del medioambiente, sino también la contaminación de tierras y cuencas acuíferas por el uso de cianuro).
En la actualidad, en Colombia, pese al ingreso de capitales, siguen viviendo por debajo de la línea de pobreza un 46% de habitantes, y bajo la línea de la extrema pobreza un alarmante 16%. Los desplazamientos forzados y el despojo de tierras han aumentado hasta cifras inverosímiles: 5 millones doscientas mil personas desplazadas y entre 7 y 10 Millones de hectáreas despojadas ilegalmente. Huelga decir que frecuentemente han sido las propias transnacionales las impulsoras y beneficiadas de dichos despojos, pues muchas de las tierras expoliadas han sido posteriormente apropiadas y utilizadas para monocultivos por parte de transnacionales de todo tipo y origen. Incluso cometiendo flagrantes desacatos a sentencias judiciales: en la comunidad de Las Pavas pese a la sentencia T-267 de 2011, que otorga la titularidad de la tierra a sus legítimos propietarios campesinos, la transnacional Daabon continúa fomentando el desplazamiento forzado por la vía de la violencia, ejercida a través del vínculo con el reconocido paramilitar no desmovilizado, Mario Marmol, quien junto con varios hombres armados ha amenazado a líderes campesinos invitándolos a abandonar sus predios[5].
Desgraciadamente, esta situación no es un caso aislado, pues numerosas comunidades, especialmente campesinas, indígenas y afrocolombianas, se encuentran en un estado similar de persecución y amenaza constante. En Curvaradó y Jiguamiandó, por ejemplo, los predios colectivos pertenecientes a las comunidades afro, incluso habiendo sido entregados por el Ex Presidente de la República, el Sr. Pastrana, continúan sufriendo constantes presiones de diferentes grupos armados ilegales, con la clara intención de mantener el desplazamiento, evitar el retorno de las familias despojadas y proteger el negocio de las empresas. Una vez más, se descubre el modus operandi que numerosas transnacionales utilizan para sustentar sus negocios y maximizar sus beneficios por encima de cualquier ética y responsabilidad social: la vinculación a grupos paramilitares.
¿Cómo es posible entonces que a sabiendas de esta realidad, las Agencias de Cooperación al Desarrollo insistan en relacionarse con las transnacionales? Para responder a tal cuestión, es necesario hacer un repaso al contenido y la estrategia de la RSC.
La RSC es introducida oficialmente en sociedad a partir de la iniciativa Global Compact de la ONU presentada por Koffi Annan en 1999, y es posteriormente asumida por la UE en 2008 e integrada en España en Febrero del mismo año y a la política específica de cooperación desde 2010. Oficialmente la RSC plantea la "responsabilidad de una organización respecto de los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, por medio de un comportamiento transparente y ético, consistente con el desarrollo sostenible, capaz de considerar las expectativas de sus partes interesadas, en cumplimiento con la legislación aplicable y las normas internacionales e integrada a través de toda la organización y practicada en sus relaciones"[6].
Una panacea que se ha presentado como la fórmula estratégica reversiva de los grandes poderes empresariales, para trascender el eje del debate político liberal-capitalista: el Laisser Fair conservador Vs. el Control del Estado - Keynesiano socialdemócrata. No cabe duda del éxito de dicha estrategia, pues en apenas una década, la RSC creada por las transnacionales, ha logrado esconder el contenido político de la propuesta bajo el velo de lo técnico y el tan manido recurso a la verdad constituida, institucionalizada.
Esta simplista pero seductora estrategia ha facilitado el trabajo a los Estados Matriz de fomentar la expansión de sus empresas, ahora bajo la cara amable de los valores éticos y morales que supuestamente de forma responsable asumirían sus empresas. Es por ello que la labor expansionista cobra sentido dentro de las políticas de Cooperación al Desarrollo. Estado, Empresa y Cooperación se conforman vía RSC en un nuevo triángulo esencial para la expansión del capital, con el valor añadido que supone la legitimidad de las ONGD. En España, "a los mecanismos ya existentes para la internacionalización de las empresas españolas se le sumarían ahora las alianzas público-privadas que se conformarían, según el actual Plan Director, como «una vía de incentivación del crecimiento económico para la reducción de la pobreza» (2009: 231)."[7] Siendo precisamente por ello, que existe la necesidad de contar con las ONGD. En julio de 2010, por ejemplo, se firmó una declaración de intenciones entre la secretaría de Estado de Cooperación, las empresas Telefónica, BBVA y Santillana, y cuatro ONG (Ayuda en Acción, Ecología y Desarrollo, Entreculturas-Fé y Alegría, Solidaridad Internacional) en la que todas las partes expresaban la voluntad conjunta de constituir una alianza público-privada en Perú.[8]
En efecto, una nueva estrategia de expansión destinada a nuevos mercados y nuevos clientes, basada en el enfoque del Capitalismo Inclusivo. Un hábil modelo de negocio que pretende incorporar a las comunidades más pobres en los mercados de consumo (Prahalad, (2005), propagando los principios básicos del capitalismo: expansión y acumulación del capital, y explotación de recursos naturales y humanos para la maximización de los beneficios. Nada nuevo bajo el sol, excepto el hecho de que con base en una simple declaración de buenas intenciones, las empresas han logrado dar nacimiento a una RSC, capaz de consolidar un clima favorable a los negocios[9] a escala global. Y no hace falta irse muy lejos para dar cuenta de ello, pues el propio Sr. Andreu, siendo Director de Reputación e Identidad Corporativa de Telefónica comentó: "¿cuándo un negocio es ético?. Para no caer en moralina, admitamos que el objetivo lógico y común de todo negocio es el lucro. Es decir: nadie da duros a peseta; las emresas son empresas, no ONG; y esto va de ganar dinero".
No es de extrañar por tanto, que el contenido de la RSC sea de naturaleza estrictamente voluntaria, unilateral en su implementación, y basada en la autorregulación y la consiguiente inexigibilidad de cumplimiento por medios judiciales.
Si embargo, la RSC ha logrado conformar un paraguas de legitimidad social que ha posibilitado la expansión de las empresas mediante el lavado de cara de las mismas y el fomento del silenciamiento global de los conflictos sociales derivados de su accionar. En Colombia, las transnacionales que más han desarrollado programas de RSC son, curiosamente, aquellas relacionadas con la prestación de servicios públicos, los hidrocarburos y la minería. Es decir, aquellas que más conflictos sociales han ocasionado.
Dentro de las primeras cabría citar a Gas Natural, que en la comuna de Ciudad Bolívar lleva a cabo uno de sus programas de responsabilidad social subvencionando a la Cooperativa de Trabajo Asociado Ecobosco, la cual ha logrado dar trabajo a cerca de 80 jóvenes para llevar a cabo la lectura de los contadores y el mantenimiento de la infraestructura de distribución de gas, haciéndose cargo de la representación de Gas Natural ante el vecindario. Una de las zonas con mayores niveles de inseguridad y más conflictivas. Al tratarse de una subcontrata, la multinacional no tiene que asumir el riesgo de poner a trabajar a dichos jóvenes en los barrios más peligrosos, ni ha de cubrir las prestaciones sociales correspondientes, eliminando de paso la posibilidad de que haya una organización sindical. Paradójicamente, la empresa se beneficia de un reconocimiento público por estimular el empleo entre los jóvenes de manera desinteresada[10]. Endesa, por su parte, trata los programas de RSC como fórmulas de expansión hacia nuevos nichos de mercado. El programa Vigías de la energía, forma a niños y niñas para la prevención de accidentes relacionados con el suministro eléctrico, logrando conformar una red social gratuita al servicio de la multinacional, con la intención de generar cultura de pago del servicio. En palabras de un ejecutivo de Condesa, filial de Endesa, "para que los padres entiendan por los niños la factura. Que si hay algún riesgo eléctrico, el niño lo pueda decir, señalando el delito en una conexión falsa. Que los niños vayan presionando para que se genere esa cultura. Que [los usuarios] conozcan sus derechos y deberes, como es la factura de electricidad. […] Y los deberes son pagar oportunamente los servicios utilizados, saber por qué se debe pagar. Les decimos que si no pagan la empresa quiebra y se acaba el servicio, y la gente se va a ver afectada"[11]. Mientras, los bancos como BBVA o Santander, se apuntan a la ampliación de su cartera de clientes con programas de créditos blandos a estudiantes universitarios con la clara intención de bancarizarlos...
Entre las empresas del sector hidrocarburos o minero-energético, lo más común es implementar campañas de sensibilización medioambiental con diferentes fórmulas, todas ellas orientadas a regatear el debate de fondo sobre el accionar empresarial y su impacto sobre el medio ambiente. O, más aún, la necesidad social de que las empresas internalicen sus propias externalidades. Repsol, además de realizar fuertes campañas televisivas referentes a sus programas destinados a disminuir la contaminación ambiental generada por sus acciones, y aportar millones de euros en acción social y programas de formación, ha facilitado ayuda financiera a unidades militares del Ejército colombiano con vínculos probados con grupos paramilitares en Arauca, según acusación de Amnistía Internacional en 2004. Además de acceder a comunidades indígenas sin realizar la consulta previa obligada por la ley colombiana, por no hablar del impacto medioambiental de sus operaciones.
La preocupación de las transnacionales en mejorar su imagen, se evidencia en los numerosos programas de RSC desarrollados que sólo tienen como finalidad ganar reputación social. A pesar de la política contraria a la sindicalización y promotora de la subcontratación, Telefónica ha sido distinguida en varias ocasiones como una empresa destacada por su proyección y sensibilidad hacia Latinoamérica gracias a su proyecto Proniño del que se benefician 100.000 niños y en el que han participado numerosas ONGs habiendo sido apoyado por la OIT y UNICEF. Directivos de la compañía se han mostrado orgullosos por ser, según ellos, "la ONG más grande que hay en derechos de infancia en América Latina"[12].
Es claro que con estas perversas prácticas empresariales, el apoyo a programas de RSC por parte de ONGs, pervierte el valor de la Cooperación al Desarrollo sin ánimo de lucro, pues, ayuda a las empresas a beneficiarse de una imagen sensible y misericordiosa que le permite elevar su caché social, silenciar el conflicto generado por su accionar empresarial, fortalecer su impunidad y perpetuar una visión de negocio con base en la explotación de recursos y seres humanos para la maximización de beneficios.
Mediante la RSC las grandes empresas han logrado dotarse de una legitimidad social imposible de conseguir a través de los tradicionales lobbies empresariales con forma de Embajada. Esta nueva vía legal para la expansión del capital, al apoyarse en la cara amable de la cooperación al desarrollo, logra trascender los debates éticos y morales de las políticas explotadoras practicadas por las transnacionales.
Además, la perversión es manifiesta, pues la utilización por parte del Estado de fórmulas vinculadas a la Cooperación con el objetivo de facilitar el ingreso de sus propias empresas a determinados mercados, resulta definitivamente contrario a la consideración del Desarrollo como la construcción e implementación de políticas para la potenciación de las necesidades humanas (Max Neef, 1994) en defensa del vulnerable, la visibilización y denuncia de las injusticias sociales, la lucha en pro de los más débiles, los Derechos Humanos, Laborales, Medioambientales, la mujer y las minorías étnicas, la transparencia y coherencia entre políticas, el fomento de un comercio justo y equitativo, la defensa de los poderes de control y seguimiento normativo de los estados periféricos y el decidido apoyo a fórmulas democráticas de la gestión social y política de la vida en comunidad.
Por el contrario, el apoyo por parte del Estado emisor de ayuda, a la voluntaria y autorregulable RSC, contribuye al debilitamiento del ya de por sí endeble sistema de control y rendición de cuentas de los Estados receptores. Las alianzas Público-Privadas vinculadas a la Cooperación esconden tras poéticos proyectos de RSC y la manida farsa de la ineficacia de la gestión pública, numerosas privatizaciones de recursos que implican el fortalecimiento de la dependencia exterior de los Estados receptores, el debilitamiento de su capacidad normativa y de control, la vulnerabilidad de los Derechos Laborales y Ambientales, el aumento de la conflictividad social y el debilitamiento de fórmulas democráticas público-comunitarias para la gestión de políticas. Cuestiones poco deseables dentro del marco de la Cooperación al Desarrollo.
Y es que hacer compatible la defensa de los Derechos Humanos, el medioambiente o los derechos laborales con la estricta maximización de beneficios practicada por las transnacionales es un oxímoron, una contradicción imposible de calculada perversidad ideada por las transnacionales para zafarse de los pertinentes controles legales de los estados, apoyándose en el argumento de la autorregulación y otras artimañas que buscan evitar cualquier tipo de procedimiento legal para la exigencia de derechos.
Si a esta situación se le añade la preocupante consolidación, a nivel internacional, de este sistema "alternativo" al normativo para la regulación y control de la acción de las transnacionales apoyada en la Lex Mercatoria, que a fin de cuentas es priorizada por encima de cualquier otra regulación internacional y nacional, es posible advertir el estado de amenaza global que implica la estrategia RSC. Debilitando hasta la extenuación a los Estados nacionales frente a las empresas todopoderosas[13].
Finalemente, la conformidad con el binomio RSC - Cooperación al Desarrollo por parte de algunas ONGs, implica, por un lado, dar el beneplácito a un modelo expansivo y explotador del medio ambiente y los seres humanos, contrario a la idea central que debiera guiar las políticas de las ONG: el trabajo por la construcción de un futuro en beneficio de tod@s y no sólo de unos pocos, dotando de fortaleza y visibilidad a los débiles en su lucha contra aquellos que vulneran sus derechos. Y por otro, consumar la venta de la preciadísima legitimidad social a las transnacionales, a cambio de ínfimas mejoras en determinadas comunidades o sectores beneficiados por programas de RSC, sin hacer cálculo alguno respecto de las consecuencias que dicha venta suponen.
[1] Ver www.omal.info.
[2] El Coeficiente GINI de Colombia, ha pasado de ser el quinto peor de Lationamérica con una cifra de 0,57 en 2001, a consolidarse como el segundo país más desigual de la zona, con la cifra de 0,592 en la actualidad. Sin embargo, Colombia ha sido destino predilecto de Inversión Extranjera Directa y numerosas transnacionales han entrado al país o reforzado su presencia: Anglo Gold Ashanti, Repsol, Gas Natural, Unión Fenosa, Endesa, Santander, BBVA, Telefónica...
[3] En Lan Harremanak/19 (2008-II) (223-250) "La Responsabilidad Social Corporativa de las multinacionales españolas en Colombia" por Alejandro Pulido y Pedro Ramiro.
[4] Hasta el 80% de la nómina de Codensa, filial de Endesa en Colombia, labora a través de contratistas, mientras que en 2007 el 52% de los empleados de telefónica eran indirectos. Idem.
[5] Proceso del que hace seguimiento Paz con Dignidad a través de la Corporación Sembrar. Más información en: http://retornoalaspavas.wordpress.com/
[6] Definición extraída del documento interno de la OTC de Colombia con base en la Definición planteada por ISO 26000.
[7] En la Ponencia: "Alianzas público-privadas para el desarrollo: ¿hacia un capitalismo inclusivo?". Pedro Ramiro.
[8] Ídem.
[9] Andreu, A. "¿Es usted un profesional ético?" Diario Responsable, 1 de Diciembre de 2008).
[10] En Lan Harremanak/19 (2008-II) (223-250). Opus Cit.
[11] Ídem.
[12] Ídem.
[13] No hay que olvidar que en muchos casos los beneficios de las transnacionales superan de largo los PIB de los estados donde éstas se instalan, generando una asimetría total en la negociación entre actores.
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