Se celebra en estos días el 30 aniversario de la Constitución española en pleno debate sobre la conveniencia o no de su reforma, en plena revisión del proceso de construcción de la misma durante la laureadísima transición política española, sobre la que cada más voces importantes discordan y con el patio de butacas revuelto preocupado por el Senado, la Patria y Dios... efectivamente temas de trasfondo, fondo y refondo filosófico-moral-ético-político de muy difícil encuadre.
Dejando de lado los argumentos técnicos necesarios para acometer dichas reformas: mayoría cualificada en el Congreso, disolución de las Cortes y en algunos casos convocatoria de Referendum con todas las dificultades que ellos conllevan, la necesidad de pactos amplios entre partidos antagónicos porque las mayorías necesarias para las correspondientes modificaciones constitucionales, tal cual está hoy dividido el Congreso, son difícilmente alcanzables; las cuestiones de calado que se encuentran sobre la mesa, bien merecen una reflexión comunitaria a realizar por la sociedad en su conjunto.
1. La cuestión del Senado.
Actualmente el Senado español es la cámara alta de representación de los territorios, pero, por su estructura y regulación legal, sus reflexiones y consideraciones no tienen peso de Ley, sino de simples recomendaciones, precisamente, a la Cámara de Representantes del Congreso. Por lo que nos encontramos con un interesante sin sentido. A groso modo, el siguiente: el Congreso decide "A", y el Senado dice que "A" es inadecuado, por lo que desaprueba "A" y propone "NO A". Vuelta al Congreso que dice "NO A" no me itneresa, quiero "A". Procede A. ¿De qué han servido pues las deliberaciones, recomendaciones, consideraciones del Senado?, ¿Qué peso político puede tener una institución que en la práctica no decide nada?, ¿se justifica la existencia de toda una macro institución con todos los enormes gastos que ella conlleva para, las más de las veces, nada?. Hay acuerdo, no obstante en su utilidad y en la existencia de estos problemas, pero no hay acuerdo en las propuestas concretas de reforma. ¿Reformulación de las competencias y capacidades legales? Sí, pero, ¿cuáles?, ¿hay materias que debería decidir el Senado y ser aprobada por el Congreso posteriormente?, y además, si el Senado es la cámara de la representación autonómica, pero las competencias autonómicas cada vez son mayores y dependientes de sí mismas, ¿de qué, por qué y para qué van a discutir en el Senado los gobiernos autonómicos entre sí, si en sus relaciones bilaterales con el Gobierno central consiguen mejores resultados?.
Sobre esta cuestión, la Fundación Alternativas, a través de un interesante trabajo de Alberto Penadés e Ignacio Urquizu-Sancho, alumbra en buenas direcciones aunque alerta, precisamente, de la complicada gestión de todo el proceso: bien por el (des)interés de los gobernantes o/y posiciones ideológicas y apoyos políticos de los que se disponen, bien por el (des)interés de las propias autonomías, bien por el (des)interés de los ciudadanos.
2. La Patria (estructura de la nación y cuestiones relacionadas con la ciudadanía)
Qué decir tiene que la cuestión de la estructura territorial del estado es un sinacuerdo absoluto de proporciones insospechadas, que hunde sus raíces hasta lo más profundo de la Guerra Civil y las almas de los españoles (y catalanes, vascos, gallegos...) y sobre la que hay muchos variados posicionamientos divergentes:
-Partidarios de una reforma radical de la Constitución y la forma de Estado (los menos, IU pero no toda ella, y partidos periféricos nacionalistas como ERC, aunque en su caso más tirando hacia la independencia de Catalunya que cualquier otra cosa o EA), lo que conduce, por un camino u otro, a la reformulación de España tal y como se la conoce actualmente: sea en forma de república federal, sea en forma de República y Estados Libres Asociados.
-Partidarios de una todavía mayor transferencia de competencias estatales a las Comunidades Autónomas, dentro de las que cabrían destacar las cuestiones de las Relaciones Internacionales (monopolizadas por el estado central en la actualidad) o las cuestiones de financiación pública, cargas tributarias, tramos impositivos, etc; camino que actualmente parece haberse iniciado con la aprobación del llamado nuevo Estatut d'Autonomía de Catalunya. CIU, PSOE (aunque no todo él, ni mucho menos), BNG y probablemente CC, PAS, EA, incluso PNV y otros minoritarios podrían estar de acuerdo, pero jamás el PP. Por consiguiente: punto muerto. Aunque aquí cabe señalar el artículo 150.2 de la Constitución, a través del cual se puede transferir o delegar en las CC.AA, mediante Ley Orgánica, facultades de titularidad estatal, que es precisamente lo que se ha venido haciendo hasta ahora, en una especie de proceso constituyente permanentemente abierto donde las negociaciones entre los Gobiernos Centrales y los Autonómicos, en su tarea de buscarse apoyos políticos, ha funcionado las veces de "reformadora de la Constitución". Con todos los beneficios que ello puede conllevar, en tanto que se actualiza a las necesidades y demandas del momento político, y los perjuicios, en tanto que sufre modificaciones incluso de calado y sin el procedimiento indicado para ello que pueden desestabilizar al sistema en su conjunto. Así pues: ¿se modifica el artículo 150.2?, ¿se elimina?, ¿se procede a re-elaborar el contenido de las competencias de las CC.AA y el Estado Central?
-Y, por último, partidarios de que se quede todo como está; o casi todo. Donde, más sólo que la una se encuentra el PP, defendiendo a capa y espada la vigencia absoluta y total de un texto que ni siquiera ellos terminaron de tragar cuando fue aprobado, hace hoy 30 años. Cambiarían para eliminarlo, claro está, precisamente el artículo 150.2, y no modificarían una coma para introducir el derecho a voto de los inmigrantes en las elecciones municipales, o la estructura del Estado, congelando cualquier modificación potencial de los Estatutos de Autonomía vigentes.
Por cierto, sobre el apartado del voto inmigrante querría hacer un apunte: dice Guerra (sí, el de izquierdas del PSOE) que es "buenismo" ofrecer opción de voto a un inmigrante en un municipio en el que lleva 10 años trabajando, viviendo y, por tanto, cotizando, consumiendo y abonando impuestos, por el mero hecho de no existir reciprocidad (la Constitución contempla el derecho de voto para inmigrantes siempre que en el país de origen de los mismos exista acuerdo recíproco para con el voto de los españoles en aquél país), como si el buenismo, de ser tal, fuera malo, o como si el hecho de ampliar los derechos de los ciudadanos que conviven en el territorio nacional fuera perjudicial para la salud del Estado (o buenismo, como Guerra dice). Quizás, lo más progre resultara abolir del texto Constitucional dicha cláusula bajo el lema de "Más y Mejor integración, por una España Común", pero claro, una vez más, ni siquiera la izquierda se pone de acuerdo, como para esperar el voto a favor del PP
3. Dios (la iglesia y la corona)
El no va más. Entre el "Ni una coma se mueva!" y el "se queme el texto actual!", imposible el acuerdo, excepto para modificar los puntos de lo políticamente correcto: esto es, corregir los artículos referidos a la coronación, habilitando a la mujer como Reina de España si no existe descendencia masculina. En eso todos de acuerdo, pero para ello sería necesario incluso convocar Referendum. Pareciera que armar semejante embolado no se justifica "sólo" para modificar ese punto, y sí, si se acompañara de otras modificaciones sobre las que, ahora mismo no hay atisbo de acuerdo, por ejemplo: la eliminación de las referencias a la Iglesia Católica en la Constitución (o, con la misma lógica, la incorporación del resto de credos al texto) que parece cualquier cosa menos algo posible, pues incluso alguno en el PSOE también se escandalizaría (Bono, por ejemplo).
De todos modos es un debate que hay que iniciar, pues la vertebración de los nuevos ciudadanos españoles pasa, en gran medida por cuestiones de este tipo (y la del voto inmigrante, claro está).
La iglesia que cada uno libremente elija, en su ámbito de actuación, y el Estado, en su función de educar en los valores democráticos y promover la igualdad, justicia, etc. (Preámbulo de la Constitución: La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo) en el suyo. A saber: trabajando para la integración, independientemente del modelo y forma o estructura del Estado (que si corona, que si república, que si república federal, que si estado laico pero confesional, que si estado laiquísimo, etc.). Es decir, construyendo ciudadanía.
