Tierras en Colombia, el giro de la política del gobierno Santos.

El giro que plantea la política del gabinete Santos, que tanta legitimidad internacional le está reportando gracias al desarrollo de las Leyes de Víctimas y de Restitución de Tierras, responde a la intención de multiplicar la Inversión Extranjera Directa en negocios "legales y legítimos" asociados a la industria minera extractiva, la industria forestal y la agroindustrial.

Para ello, el ejecutivo ha diseñado un ambicioso plan de incentivos económicos, reformas institucionales y de carácter jurídico, incluyendo en este apartado las arriba mencionadas leyes, junto a la firma de Tratados de Libre Comercio para la protección y promoción de la inversión.

Las sistemáticas revisiones del Estatuto de Inversión Extranjera de 1990 han facilitado al ejecutivo la creación de la cláusula de igualdad respecto a las inversiones nacionales, así como la inclusión de figuras legales tales como el "trato de nación más favorecida", por el cual un país firmante de unas determinadas condiciones se podría beneficiar de las mejoras reflejadas en la firma de otro acuerdo con una nación diferente; amén de las portentosas desgravaciones fiscales que se han mantenido e intensificado para los grandes capitales.

Junto a estas fórmulas de incentivo económico, el gobierno Santos ha promovido el fortalecimiento de un marco jurídico al servicio de las inversiones extranjeras, promoviendo nuevas leyes y firmando TLCs, que comprometen al estado colombiano a garantizar la seguridad de las inversiones, incluso militarmente. No en vano, fuentes del ministerio de defensa, reconocen que alrededor de un 30% de militares se encuentran destinados al cuidado de las IED. Y ello, sin desconocer la existencia de ejércitos propios de transnacionales, a menudo, vinculados a organizaciones paramilitares.

Este desarrollo normativo se institucionaliza con la creación o/y promoción de diferentes Agencias Nacionales, dependientes directamente de Presidencia y sin presencia alguna del poder legislativo o la participación de la sociedad civil.

El marco de promoción de la IED, en el que se plantea aumentar las zonas de explotación agroindustrial y forestal a 12 millones de Ha., la explotación petrolífera a 38 millones y la minera a 11 millones, requiere un nuevo ordenamiento territorial bajo la perspectiva de la acumulación del capital que hace imprescindible aclarar los derechos de propiedad para legalizar y legitimar este modelo de desarrollo basado en la reprimarización financiarizada de la economía colombiana.

El ingreso a los flujos financieros globales promoviendo la entrada de capitales de empresas transnacionales a Colombia, incentivando el movimiento en el mercado de las tierras, e incluso favoreciendo las dinámicas especulativas en torno a los valores en bolsa de las distintas corporaciones (gracias a los mercados de futuro por la obtención y la puesta en juego de los títulos de explotación de recursos) implica, necesariamente, construir un escenario legal, capitalista, neoliberal, legítimo. Un escenario diferente al estado parapolítico y caciquil propuesto por el antecesor de Santos, aunque igualmente injusto y tenebroso.

En dicho marco deben leerse los anuncios de las Leyes de Restitución de Tierras y Víctimas, así como la futura Ley Agraria y de Desarrollo Rural que se encuentra en debate en el seno del gobierno en estos momentos, y que plantea la creación de un Consejo Nacional de Tierras, dependiente directamente de Presidencia y responsable del ordenamiento de usos del suelo rural. Es decir, de la definición del espacio y la propiedad del mismo: la decisión unilateral de a quiénes, cuánto y en qué condiciones se restituirá la tierra, atendiendo a las necesidades de los inversionistas en primera instancia (pues ahora la Ley así lo establece). Y para muestra, un botón:

La distinción que se establece entre titularidad de la propiedad de la tierra y derecho de superficie, en última instancia permite el disfrute, por parte del superficiario, del usufructo de la tierra pese a no poseerla, obligando al titular de ésta a someterse al negocio rural que el titular del derecho de superficie posea.

Este cambio de rumbo en la política de desarrollo rural tiene sus consecuencias directas en el modo de abordar el tema de las Zonas de Reservas Campesinas, las zonas Afros o los Resguardos Indígenas. Mientras que Uribe era completamente contrario a promocionar Zonas de Reserva Campesina, Santos promueve estas fórmulas, habiendo dejado atado anteriormente el marco institucional y normativo que posibilitará legalizar y legitimar el despojo: haciendo uso a su vez de una estrategia de cooptación de las organizaciones de base y titulares de la propiedad de la tierra, reconvirtiendo a estos pequeños propietarios en socios o trabajadores del consorcio agroindustrial, forestal o minero-extractivo, bajo la lógica del capitalismo inclusivo.

De paso, promoviendo Zonas de Reserva Campesina, Afros y Resguardos Indígenas, en tierras reclamadas por cada uno de los colectivos para sí mismos, incentiva la creación de conflictos interétnicos por la titularidad de la tierra.

La perversidad del giro de la política de Santos, no sólo reside en la apuesta por un modelo de crecimiento económico que únicamente beneficia a unos pocos, también mantiene intactas las estructuras narcoparamilitares tradicionales.

El nacimiento del 15M, ¿la Spanish Revolution?

El 15M se mueve, crece, actúa y vuelve a Sol... donde todo comenzó. Pasados más de 2 meses del nacimiento, el 15M está más vivo que nunca. Las asambleas no sólo no han cesado, sino que se han extendido a lo largo y ancho de la geografía española... cada barrio, cada pueblo, cada ciudad cuenta con sus indignados. Y no es de extrañar, pues más del 20% de la población activa española se encuentra en paro. Cifras que llegan a la aberración total, cuando se miran los datos de jóvenes, pues siendo ésta la generación más formada de la historia de España, actualmente están parados uno de cada dos jóvenes, pese a contar con envidiables currículos llenos de carreras universitarias, diplomados, masters, idiomas y manejo informático.

El movimiento del movimiento es tal, que, hoy por hoy, resulta absolutamente imposible dar cuenta de todo lo que pasa en cada espacio de deliberación e intercambio político. Las asambleas fluyen semanal o quincenalmente, las reflexiones respecto del estado de la cuestión y las propuestas encaminadas a darle salida son tantas y tan variadas, que se precisarían meses para analizarlas. Pero además, las últimas acciones del movimiento, han vuelto a dejar primeras portadas en todos los periódicos españoles, e incluso internacionales. A la indignación, la movilización y la deliberación política, en los últimos meses se ha sumado la acción directa contestataria... la desobediencia civil por derecho, en defensa del desamparado, el desposeído, el marginado y el excluido, que se ha materializado en dos hitos de espacial importancia. A saber:

- La paralización de decenas de procesos de desahucio bancario por impago de hipotecas en todo el panorama nacional; y,

- La imposibilidad efectiva para la policía de acometer controles a inmigrantes en busca de papeles; práctica habitual hasta el momento pese a su inconstitucionalidad manifiesta.

La organización de concentraciones en las viviendas que iban a ser desalojadas en beneficio de la banca (sin perjuicio del pago del resto de la deuda), o en las plazas públicas en amparo del inmigrante transeúnte indefenso frente a las redadas policiales, son actos que suponen una de las mayores y más impactantes críticas concretas al modelo de exclusión propuesto por el sistema neoliberal capitalista. Se trata de una respuesta en alta voz, sonora y efectiva que golpea los mismísimos cimientos del modelo imperante: la concepción de que algunos sobran, los que no producen, los que no tienen.

La defensa de ambos colectivos deberá complementarse con procesos de reflexión tanto a lo interno del movimiento, como con los propios colectivos defendidos, respecto del fondo de la cuestión: el atroz consumismo que se constituye como el motor del modelo. No son pocos los casos en los que tanto los perjudicados por los desahucios como aquellos sometidos a las redadas policiales, han formado activa parte del modelo de consumo y "progreso social" imperante. La concepción de un modus vivendi basado en la posesión de más y "mejor" para prosperar socialmente ha calado tanto en las mentes y almas de tantos ciudadanos globales que la inmensa mayoría de la ciudadanía occidental ha terminado por vincularse al mismo insensibilizándose ante los recortes sociales efectuados contra "otros", el hambre en el mundo, las injusticias sociales, etc.

Cabe apuntar que en última instancia, el Renacimiento de las reivindicaciones sociales en España, ha sido fruto de una brutal crisis económica que ha llegado a impactar en los beneficios de los sectores más o menos acomodados, y este factor resulta clave para el análisis. Una explosión social como la acontecida no era si quiera imaginable bajo los paradigmas de un capitalismo inclusivo donde la clase media era parte beneficiaria directa del sistema. Buenos sueldos para recién licenciados, mejores para aquellos con masters e idiomas, excelentes para los ingenieros informáticos, e incluso más que aceptables para los obreros de la construcción y los jornaleros recolectores si decidían hacer horas extra. En el momento en que esta situación de bollante crecimiento inicia su retroceso, se comienzan a dar situaciones que ya apuntaban a una profunda crisis como la actual. La clase media se resiente de la situación: los salarios de los funcionarios del estado son recortados en un 5%, los empleos generados durante el boom económico español no son renovados y (como la tasa de empleos fijos era tan sumamente ridícula) el paro comienza a aumentar. Con el tiempo, las prestaciones por desempleo desaparecen y los cursillos públicos de reinserción, también. Por su parte, las dificultades de los jóvenes para el logro de un primer trabajo más o menos digno aumentan de tal modo, que incluso terminan resintiéndose los sacrosantos cubatas del "finde" de marcha[1].

Por último, una batería atroz de recortes sociales golpea las bases del estado social español: abaratamiento del despido, aumento de los años de cotización para el cobro de la pensión, privatización de servicios públicos como el Canal de Isabel II, cierre de hospitales públicos en Catalunya y apertura de centros privados con financiación estatal, subida de los impuestos indirectos como el IVA (del 16% al 18%), pero sin retoque alguno al sistema tributario progresivo para las altas rentas, y, como no, la magnitud del rescate financiero a la banca.

El castillo de naipes cae por su propio peso. El consumismo que había obnubilado a toda una población y que había supuesto la demanda de hipotecas para la segunda vivienda, créditos de todo tipo (incluyendo los vacacionales), el segundo automóvil, o la compra de la vivienda de nueva construcción por parte de los recién casados (hipotecada a 40 años), se torna impagable. El consumo de ocio, también. Y en ese marco de problemas que crecen, la plataforma Democracia Real Ya!, convoca una manifestación más. Una de las tantas efectuadas a lo largo de los años pasados. Una más de las tantas donde 500 personas fueron las participantes que se reunieron entorno a una plaza dando cuenta de que había otras formas de entender el mundo. Así, el día en que nació el 15 M, fueron apenas 300 personas las manifestadas, y menos aún aquellas que pernoctaron en Sol. Si bien, el contexto había cambiado.

Había cambiado tanto que al día siguiente se duplicaron los pernoctantes, y al tercer día, tras el intento fallido de desalojo policial, ya no sólo fueron las redes de los amigos y conocidos las que llegaron a Sol, sino también las de aquellos que habían disfrutado fugazmente del progreso español. Y así fue como se hizo el movimiento. Un movimiento que no para, y que se ha vuelto a encontrar el pasado día 23 de Julio, nutrido ahora con los indignados regionales, que han formado diferentes columnas para unirse a sus compañeros madrileños y pisar el punto kilométrico 0 de las carreteras nacionales situado en el mismísimo epicentro de la puerta de Sol.

Pocos poetas podrían haber imaginado un final más bello para las diferentes caminatas indignadas que el epicentro del Sol. Una peregrinación kilómetro a Kilómetro hacia el templo de la reflexión, el ágora política contemporánea global.

Sol dio salida a las frustraciones y el desamparo de una generación de jóvenes que se merecía algo más. Significó el espacio de concurrencia de una generación de jóvenes al completo que anteriormente había vivido de espaldas los unos de los otros. Las deliberaciones y reflexiones políticas acontecidas durante los primeros días y semanas atrajeron la atención, sensibilidad y solidaridad de la clase media española, hasta tal punto que algunos adultos terminaron incorporados al proceso. Un proceso a todas luces novedoso: participativo, heterogéneo, de base y profundamente autónomo. Sin líderes ni direcciones, sin cabecillas, partidos u organizaciones formales manejando los designios divinos, sin élites liderando la masa... sino la masa construyendo y construyéndose en el proceso mismo de construcción (hasta tal punto que ni de nombre unívoco consta). Construyendo diagnóstico, definiendo estrategias, realizando propuestas e implementando acciones.

Los retos del movimiento son ingentes. Tanto o más que los peligros. Se precisa concretar un diagnóstico capaz de generar el suficiente consenso como para continuar atrayendo a más redes (motivo por el cual quizás, las cuestiones relativas a la libertad religiosa, la laicidad del estado o el derecho al libre aborto no son definidas), y perfilar nuevas propuestas más allá de aquellas primitivas 4 exiguas exigencias consensuadas en su momento. Avances en ese sentido los hay a patadas: en la última reunión de la comisión de economía, en aquella que participó el premio noble Stiglitz, se pusieron sobre la mesa importantes propuestas de fondo. Entre ellas, destacan propuestas como las siguientes: aumento del salario mínimo interprofesional y regulación de salarios máximos, dación en pago para saldar la deuda hipotecaria, prohibición de expedientes de regulación de empleo para empresas con beneficios, profundización en la progresividad del sistema fiscal, sometimiento a referéndum vinculante los rescates a la banca, reforzamiento de un sistema financiero público bajo control social, abolición de los paraísos fiscales, impuesto espacial a las transacciones financieras para penalizar los movimientos especulativos, banca pública, 0,7% para ayuda al desarrollo...

Llevar a la práctica dichas propuestas, requiere poder político. Un poder político efectivo, formal. Situación que a día de hoy parece más una burla que una realidad imaginable. Las encuestas dan por abrumadora mayoría la victoria al PP, que podría gobernar con Mayoría Absoluta si los votantes prestamistas no ceden su voto al PSOE. Y parece que no lo harán, a tenor de los resultados de las elecciones municipales pasadas donde los socialdemócratas fueron severamente castigados, precisamente, por los votantes prestamistas. El giro a la izquierda que pretende orquestar el nuevo candidato socialista, Rubalcaba, se antoja a los ojos de los más, una burda estrategia para atraer al votante descontento... e incluso indignado.

Así las cosas, con una España previsiblemente gobernada por una derecha neoliberal corrupta, caciquil y cerril, votada por nada menos que 10 millones de españoles, tocará diseñar propuestas ligadas al mundo de lo posible, con una doble intención:

Por un lado, la de generar al propio movimiento la oportunidad de conseguir logros. Logros concretos, reales, palpables. En este sentido, cobra vital importancia la reflexión acción colectiva para la implementación de acciones con capacidad de transformación efectiva de la sociedad, cuya posibilidad de concretarse dependiera exclusivamente de los recursos con los que el propio movimiento pudiera contar en sus espacios de acción. El bloqueo de desahucios por impago de deuda bancaria es una excelente iniciativa que podría servir de modelo para la planificación de otras. Será preciso construir protocolos de actuación colectiva y definir cambios en los comportamientos concretos de los indignados capaces de transformar el entorno cotidiano.

Por otro lado, y muy ligado a lo anterior, la intención de fomentar procesos sistemáticos de autocrítica, de formación y difusión de ideas por otro mundo posible en más redes. Esto requerirá adentrarse en la cotidianidad de las convivencias ciudadanas, adentrarse en los espacios de interrelación de los habitantes de los barrios, de las madres y padres, de los trabajadores, de los inmigrantes, de los mayores, de los otros jóvenes, etc. pues no basta con extender las asambleas a los pueblos y barrios si no se provocan reflexiones en los ciudadanos que no participan en las asambleas. Es preciso ampliar las redes desde los afines a los diferentes, para seducir a los ajenos y bloquear a los opuestos. Opuestos que, ciertamente, son legión.

El desarrollo de sendas propuestas tiene la capacidad de dar resultado a corto y largo plazo, ya que parte de la consecución de pequeños logros y la concepción profundos cambios actitudinales potencialmente transformadores en un horizonte más lejano. Un momento en el que se espera haber articulado el debate y la reflexión colectiva en redes y más redes, capaces entonces, de incitar o construir poder político efectivo a gran escala.

El proceso de reflexión y construcción colectiva iniciado requerirá tener muy claro que la transformación social deseada, deberá partir de los espacios de la cotidianidad, del poder de lo micro, de lo personal, familiar, reticular barrial, etc. de las prácticas y comportamientos capaces de implicar transformaciones mayores con el tiempo, del aleteo de la mariposa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si comienzan a ser masivas las campañas de boicot al consumo?, ¿o si los programas políticos para los barrios se realizan participadamente y se comienzan a implementar sin contar con los gobiernos de turno?, ¿o si se hace tan difícil expulsar a alguien de su vivienda o al inmigrante de su nuevo país, que sencillamente deja de suceder?, ¿qué pasa cuando el sistema pierde su legitimidad?, ¿cuando se cuestiona el sacrosanto principio de la representatividad política?, ¿cuando se apuesta por un sistema democrático no delegado, sino deliberativo y propositivo?...

Todo puede pasar en Sol

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[1] Es internacionalmente conocida la rumba española, que se basa en el exacerbado consumo de alcohol sin límites en calles y plazas públicas mientras se pasa de bar en bar, hasta los límites de la noche.

El perverso binomio RSC - Cooperación al Desarrollo

De acuerdo con la consideración de que la empresa transnacional es un actor clave en el desarrollo de los países donde se instala, en los últimos años se ha materializado la definitiva incorporación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las agendas de la Cooperación al Desarrollo. En esencia, refugiándose en dogmas ideológicos neoliberales tan conocidos como manidos: el crecimiento de la Inversión privada aumenta las capacidades del mercado a nivel nacional e internacional, fortalece al Estado, genera empleo, mejora el flujo financiero, etc.

Las diferentes Agencias de Cooperación al Desarrollo asumen el ensueño de una RSC integral guiada por los Derechos Humanos, laborales, de inspiración ambientalista y con capacidad para ejercer una eficaz contraloría sobre la política implementada por la empresa. Una concepción de la RSC tan deseable como absolutamente inviable y alejada de la realidad, detrás de la que se refugian otros intereses: la expansión del capital a través de la facilitación de la penetración e instalación en otros territorios de las grandes empresas nacionales.

Desde el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL), perteneciente a la ONG Paz con Dignidad, se han desarrollado numerosas investigaciones[1] en relación a los impactos que las transnacionales han supuesto en varios países de América Latina. Huelga decir que dichos estudios concluyen algo bien distinto a los argumentos sobre los que los gobiernos emisores de ayuda se apoyan para justificar sus posicionamientos pro RSC - Cooperación al Desarrollo.

En Colombia, la Inversión Extranjera Directa no ha dejado de ascender en los últimos años. De hecho, sólo española rondó la cifra de 579,16 Millones de € entre 2008 y 2009; sin embargo la inequidad en el país ha llegado a límites insospechados, pues Colombia ha pasado a ser, en un lapso de tiempo de 10 años, el segundo país más desigual de América Latina, sólo superado por Haití[2].

El multitudinario ingreso de transnacionales al país ha aportado una gran cantidad de ingresos; no obstante, sus consecuencias han sido determinantes respecto del incremento de la inequidad y la conflictividad social, pues las transnacionales a) han implicado un considerable aumento de las tarifas de los servicios gestionados por éstas y el empeoramiento de la calidad del suministro (el caso de Endesa o Unión Fenosa son claros ejemplos); b) han cometido serias violaciones de los Derechos Laborales, mediante la prohibición explícita o implícita de los Sindicatos (como es el caso de Telefónica, cuya tasa de sindicación es del 0%, aunque la compañía afirme en su informe de Responsabilidad Corporativa: "Telefónica se compromete a mantener los derechos sindicales y laborales en todas nuestras operaciones, dando protección a todos los trabajadores del Grupo independientemente del país en que trabajen" (Telefónica, 2008)[3]), y la extensión de la subcontratación en forma de Cooperativas de Trabajo Asociado, que si bien no ilegales, sí altamente precarizantes del empleo[4]; c) han fomentado el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas, campesinas y afros de las zonas de instalación de centrales o de extensión de monocultivos (como es el caso del embalse de la Salvajina de Unión Fenosa, la comunidad de Las Pavas por Daabon, o en Cauca y Valle, la incesante presión sobre las comunidades ejercida por Smurfit Kappa cartón de Colombia); además, d) han incurrido en múltiples conflictos con diferentes comunidades por la destrucción del territorio, la cultura propia e incluso la vida (como es el caso de Repsol, o las mineras extractivas como AngloGold Ashanti, cuyo impacto en el territorio no sólo implica el desplazamiento de ciertas comunidades o la destrucción integral del medioambiente, sino también la contaminación de tierras y cuencas acuíferas por el uso de cianuro).

En la actualidad, en Colombia, pese al ingreso de capitales, siguen viviendo por debajo de la línea de pobreza un 46% de habitantes, y bajo la línea de la extrema pobreza un alarmante 16%. Los desplazamientos forzados y el despojo de tierras han aumentado hasta cifras inverosímiles: 5 millones doscientas mil personas desplazadas y entre 7 y 10 Millones de hectáreas despojadas ilegalmente. Huelga decir que frecuentemente han sido las propias transnacionales las impulsoras y beneficiadas de dichos despojos, pues muchas de las tierras expoliadas han sido posteriormente apropiadas y utilizadas para monocultivos por parte de transnacionales de todo tipo y origen. Incluso cometiendo flagrantes desacatos a sentencias judiciales: en la comunidad de Las Pavas pese a la sentencia T-267 de 2011, que otorga la titularidad de la tierra a sus legítimos propietarios campesinos, la transnacional Daabon continúa fomentando el desplazamiento forzado por la vía de la violencia, ejercida a través del vínculo con el reconocido paramilitar no desmovilizado, Mario Marmol, quien junto con varios hombres armados ha amenazado a líderes campesinos invitándolos a abandonar sus predios[5].

Desgraciadamente, esta situación no es un caso aislado, pues numerosas comunidades, especialmente campesinas, indígenas y afrocolombianas, se encuentran en un estado similar de persecución y amenaza constante. En Curvaradó y Jiguamiandó, por ejemplo, los predios colectivos pertenecientes a las comunidades afro, incluso habiendo sido entregados por el Ex Presidente de la República, el Sr. Pastrana, continúan sufriendo constantes presiones de diferentes grupos armados ilegales, con la clara intención de mantener el desplazamiento, evitar el retorno de las familias despojadas y proteger el negocio de las empresas. Una vez más, se descubre el modus operandi que numerosas transnacionales utilizan para sustentar sus negocios y maximizar sus beneficios por encima de cualquier ética y responsabilidad social: la vinculación a grupos paramilitares.

¿Cómo es posible entonces que a sabiendas de esta realidad, las Agencias de Cooperación al Desarrollo insistan en relacionarse con las transnacionales? Para responder a tal cuestión, es necesario hacer un repaso al contenido y la estrategia de la RSC.

La RSC es introducida oficialmente en sociedad a partir de la iniciativa Global Compact de la ONU presentada por Koffi Annan en 1999, y es posteriormente asumida por la UE en 2008 e integrada en España en Febrero del mismo año y a la política específica de cooperación desde 2010. Oficialmente la RSC plantea la "responsabilidad de una organización respecto de los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, por medio de un comportamiento transparente y ético, consistente con el desarrollo sostenible, capaz de considerar las expectativas de sus partes interesadas, en cumplimiento con la legislación aplicable y las normas internacionales e integrada a través de toda la organización y practicada en sus relaciones"[6].

Una panacea que se ha presentado como la fórmula estratégica reversiva de los grandes poderes empresariales, para trascender el eje del debate político liberal-capitalista: el Laisser Fair conservador Vs. el Control del Estado - Keynesiano socialdemócrata. No cabe duda del éxito de dicha estrategia, pues en apenas una década, la RSC creada por las transnacionales, ha logrado esconder el contenido político de la propuesta bajo el velo de lo técnico y el tan manido recurso a la verdad constituida, institucionalizada.

Esta simplista pero seductora estrategia ha facilitado el trabajo a los Estados Matriz de fomentar la expansión de sus empresas, ahora bajo la cara amable de los valores éticos y morales que supuestamente de forma responsable asumirían sus empresas. Es por ello que la labor expansionista cobra sentido dentro de las políticas de Cooperación al Desarrollo. Estado, Empresa y Cooperación se conforman vía RSC en un nuevo triángulo esencial para la expansión del capital, con el valor añadido que supone la legitimidad de las ONGD. En España, "a los mecanismos ya existentes para la internacionalización de las empresas españolas se le sumarían ahora las alianzas público-privadas que se conformarían, según el actual Plan Director, como «una vía de incentivación del crecimiento económico para la reducción de la pobreza» (2009: 231)."[7] Siendo precisamente por ello, que existe la necesidad de contar con las ONGD. En julio de 2010, por ejemplo, se firmó una declaración de intenciones entre la secretaría de Estado de Cooperación, las empresas Telefónica, BBVA y Santillana, y cuatro ONG (Ayuda en Acción, Ecología y Desarrollo, Entreculturas-Fé y Alegría, Solidaridad Internacional) en la que todas las partes expresaban la voluntad conjunta de constituir una alianza público-privada en Perú.[8]

En efecto, una nueva estrategia de expansión destinada a nuevos mercados y nuevos clientes, basada en el enfoque del Capitalismo Inclusivo. Un hábil modelo de negocio que pretende incorporar a las comunidades más pobres en los mercados de consumo (Prahalad, (2005), propagando los principios básicos del capitalismo: expansión y acumulación del capital, y explotación de recursos naturales y humanos para la maximización de los beneficios. Nada nuevo bajo el sol, excepto el hecho de que con base en una simple declaración de buenas intenciones, las empresas han logrado dar nacimiento a una RSC, capaz de consolidar un clima favorable a los negocios[9] a escala global. Y no hace falta irse muy lejos para dar cuenta de ello, pues el propio Sr. Andreu, siendo Director de Reputación e Identidad Corporativa de Telefónica comentó: "¿cuándo un negocio es ético?. Para no caer en moralina, admitamos que el objetivo lógico y común de todo negocio es el lucro. Es decir: nadie da duros a peseta; las emresas son empresas, no ONG; y esto va de ganar dinero".

No es de extrañar por tanto, que el contenido de la RSC sea de naturaleza estrictamente voluntaria, unilateral en su implementación, y basada en la autorregulación y la consiguiente inexigibilidad de cumplimiento por medios judiciales.

Si embargo, la RSC ha logrado conformar un paraguas de legitimidad social que ha posibilitado la expansión de las empresas mediante el lavado de cara de las mismas y el fomento del silenciamiento global de los conflictos sociales derivados de su accionar. En Colombia, las transnacionales que más han desarrollado programas de RSC son, curiosamente, aquellas relacionadas con la prestación de servicios públicos, los hidrocarburos y la minería. Es decir, aquellas que más conflictos sociales han ocasionado.

Dentro de las primeras cabría citar a Gas Natural, que en la comuna de Ciudad Bolívar lleva a cabo uno de sus programas de responsabilidad social subvencionando a la Cooperativa de Trabajo Asociado Ecobosco, la cual ha logrado dar trabajo a cerca de 80 jóvenes para llevar a cabo la lectura de los contadores y el mantenimiento de la infraestructura de distribución de gas, haciéndose cargo de la representación de Gas Natural ante el vecindario. Una de las zonas con mayores niveles de inseguridad y más conflictivas. Al tratarse de una subcontrata, la multinacional no tiene que asumir el riesgo de poner a trabajar a dichos jóvenes en los barrios más peligrosos, ni ha de cubrir las prestaciones sociales correspondientes, eliminando de paso la posibilidad de que haya una organización sindical. Paradójicamente, la empresa se beneficia de un reconocimiento público por estimular el empleo entre los jóvenes de manera desinteresada[10]. Endesa, por su parte, trata los programas de RSC como fórmulas de expansión hacia nuevos nichos de mercado. El programa Vigías de la energía, forma a niños y niñas para la prevención de accidentes relacionados con el suministro eléctrico, logrando conformar una red social gratuita al servicio de la multinacional, con la intención de generar cultura de pago del servicio. En palabras de un ejecutivo de Condesa, filial de Endesa, "para que los padres entiendan por los niños la factura. Que si hay algún riesgo eléctrico, el niño lo pueda decir, señalando el delito en una conexión falsa. Que los niños vayan presionando para que se genere esa cultura. Que [los usuarios] conozcan sus derechos y deberes, como es la factura de electricidad. […] Y los deberes son pagar oportunamente los servicios utilizados, saber por qué se debe pagar. Les decimos que si no pagan la empresa quiebra y se acaba el servicio, y la gente se va a ver afectada"[11]. Mientras, los bancos como BBVA o Santander, se apuntan a la ampliación de su cartera de clientes con programas de créditos blandos a estudiantes universitarios con la clara intención de bancarizarlos...

Entre las empresas del sector hidrocarburos o minero-energético, lo más común es implementar campañas de sensibilización medioambiental con diferentes fórmulas, todas ellas orientadas a regatear el debate de fondo sobre el accionar empresarial y su impacto sobre el medio ambiente. O, más aún, la necesidad social de que las empresas internalicen sus propias externalidades. Repsol, además de realizar fuertes campañas televisivas referentes a sus programas destinados a disminuir la contaminación ambiental generada por sus acciones, y aportar millones de euros en acción social y programas de formación, ha facilitado ayuda financiera a unidades militares del Ejército colombiano con vínculos probados con grupos paramilitares en Arauca, según acusación de Amnistía Internacional en 2004. Además de acceder a comunidades indígenas sin realizar la consulta previa obligada por la ley colombiana, por no hablar del impacto medioambiental de sus operaciones.

La preocupación de las transnacionales en mejorar su imagen, se evidencia en los numerosos programas de RSC desarrollados que sólo tienen como finalidad ganar reputación social. A pesar de la política contraria a la sindicalización y promotora de la subcontratación, Telefónica ha sido distinguida en varias ocasiones como una empresa destacada por su proyección y sensibilidad hacia Latinoamérica gracias a su proyecto Proniño del que se benefician 100.000 niños y en el que han participado numerosas ONGs habiendo sido apoyado por la OIT y UNICEF. Directivos de la compañía se han mostrado orgullosos por ser, según ellos, "la ONG más grande que hay en derechos de infancia en América Latina"[12].

Es claro que con estas perversas prácticas empresariales, el apoyo a programas de RSC por parte de ONGs, pervierte el valor de la Cooperación al Desarrollo sin ánimo de lucro, pues, ayuda a las empresas a beneficiarse de una imagen sensible y misericordiosa que le permite elevar su caché social, silenciar el conflicto generado por su accionar empresarial, fortalecer su impunidad y perpetuar una visión de negocio con base en la explotación de recursos y seres humanos para la maximización de beneficios.

Mediante la RSC las grandes empresas han logrado dotarse de una legitimidad social imposible de conseguir a través de los tradicionales lobbies empresariales con forma de Embajada. Esta nueva vía legal para la expansión del capital, al apoyarse en la cara amable de la cooperación al desarrollo, logra trascender los debates éticos y morales de las políticas explotadoras practicadas por las transnacionales.

Además, la perversión es manifiesta, pues la utilización por parte del Estado de fórmulas vinculadas a la Cooperación con el objetivo de facilitar el ingreso de sus propias empresas a determinados mercados, resulta definitivamente contrario a la consideración del Desarrollo como la construcción e implementación de políticas para la potenciación de las necesidades humanas (Max Neef, 1994) en defensa del vulnerable, la visibilización y denuncia de las injusticias sociales, la lucha en pro de los más débiles, los Derechos Humanos, Laborales, Medioambientales, la mujer y las minorías étnicas, la transparencia y coherencia entre políticas, el fomento de un comercio justo y equitativo, la defensa de los poderes de control y seguimiento normativo de los estados periféricos y el decidido apoyo a fórmulas democráticas de la gestión social y política de la vida en comunidad.

Por el contrario, el apoyo por parte del Estado emisor de ayuda, a la voluntaria y autorregulable RSC, contribuye al debilitamiento del ya de por sí endeble sistema de control y rendición de cuentas de los Estados receptores. Las alianzas Público-Privadas vinculadas a la Cooperación esconden tras poéticos proyectos de RSC y la manida farsa de la ineficacia de la gestión pública, numerosas privatizaciones de recursos que implican el fortalecimiento de la dependencia exterior de los Estados receptores, el debilitamiento de su capacidad normativa y de control, la vulnerabilidad de los Derechos Laborales y Ambientales, el aumento de la conflictividad social y el debilitamiento de fórmulas democráticas público-comunitarias para la gestión de políticas. Cuestiones poco deseables dentro del marco de la Cooperación al Desarrollo.

Y es que hacer compatible la defensa de los Derechos Humanos, el medioambiente o los derechos laborales con la estricta maximización de beneficios practicada por las transnacionales es un oxímoron, una contradicción imposible de calculada perversidad ideada por las transnacionales para zafarse de los pertinentes controles legales de los estados, apoyándose en el argumento de la autorregulación y otras artimañas que buscan evitar cualquier tipo de procedimiento legal para la exigencia de derechos.

Si a esta situación se le añade la preocupante consolidación, a nivel internacional, de este sistema "alternativo" al normativo para la regulación y control de la acción de las transnacionales apoyada en la Lex Mercatoria, que a fin de cuentas es priorizada por encima de cualquier otra regulación internacional y nacional, es posible advertir el estado de amenaza global que implica la estrategia RSC. Debilitando hasta la extenuación a los Estados nacionales frente a las empresas todopoderosas[13].

Finalemente, la conformidad con el binomio RSC - Cooperación al Desarrollo por parte de algunas ONGs, implica, por un lado, dar el beneplácito a un modelo expansivo y explotador del medio ambiente y los seres humanos, contrario a la idea central que debiera guiar las políticas de las ONG: el trabajo por la construcción de un futuro en beneficio de tod@s y no sólo de unos pocos, dotando de fortaleza y visibilidad a los débiles en su lucha contra aquellos que vulneran sus derechos. Y por otro, consumar la venta de la preciadísima legitimidad social a las transnacionales, a cambio de ínfimas mejoras en determinadas comunidades o sectores beneficiados por programas de RSC, sin hacer cálculo alguno respecto de las consecuencias que dicha venta suponen.

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[1] Ver www.omal.info.

[2] El Coeficiente GINI de Colombia, ha pasado de ser el quinto peor de Lationamérica con una cifra de 0,57 en 2001, a consolidarse como el segundo país más desigual de la zona, con la cifra de 0,592 en la actualidad. Sin embargo, Colombia ha sido destino predilecto de Inversión Extranjera Directa y numerosas transnacionales han entrado al país o reforzado su presencia: Anglo Gold Ashanti, Repsol, Gas Natural, Unión Fenosa, Endesa, Santander, BBVA, Telefónica...

[3] En Lan Harremanak/19 (2008-II) (223-250) "La Responsabilidad Social Corporativa de las multinacionales españolas en Colombia" por Alejandro Pulido y Pedro Ramiro.

[4] Hasta el 80% de la nómina de Codensa, filial de Endesa en Colombia, labora a través de contratistas, mientras que en 2007 el 52% de los empleados de telefónica eran indirectos. Idem.

[5] Proceso del que hace seguimiento Paz con Dignidad a través de la Corporación Sembrar. Más información en: http://retornoalaspavas.wordpress.com/

[6] Definición extraída del documento interno de la OTC de Colombia con base en la Definición planteada por ISO 26000.

[7] En la Ponencia: "Alianzas público-privadas para el desarrollo: ¿hacia un capitalismo inclusivo?". Pedro Ramiro.

[8] Ídem.

[9] Andreu, A. "¿Es usted un profesional ético?" Diario Responsable, 1 de Diciembre de 2008).

[10] En Lan Harremanak/19 (2008-II) (223-250). Opus Cit.

[11] Ídem.

[12] Ídem.

[13] No hay que olvidar que en muchos casos los beneficios de las transnacionales superan de largo los PIB de los estados donde éstas se instalan, generando una asimetría total en la negociación entre actores.