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miércoles, 26 de noviembre de 2008

"La Participación, un derecho que necesita aprendizaje"


Bajo este título, la Diputación de Tarragona a través de la Unidad de Participación Social, implementó, hace aproximadamente un año, un ambicioso proyecto formativo para cargos técnicos de Ayuntamientos y Comarcas (la división provincial catalana) que bien debería ser replicado en el resto de Diputaciones de España, y del mundo (mucho me temo); pues el desconocimiento flagrante sobre cómo diseñar, desarrollar e implementar proyectos de carácer participativo es de tal grado, que asusta. 

La Participación Ciudadana se esta conviertiendo en un gran cajón de sastre (por cierto, recuerdo una entrada antigua en VARIETALIS que abordaba el tema) donde todo es posible. Por ejemplo, que participación signifique preguntar a toda la gente sobre algo, en cuyo caso, los estudios más participativos de todos bien podrían ser los Censos Municipales o Estatales (donde todos y cada uno de los ciudadanos son encuentados), que participación signifique recoger la opinión del cuerpo de "especialistas" de algo, sobre ese algo (situación tan común que pasa por normal), que participación signifique recoger la opinión de los que opinan como Yo sobre algo, y en base a ello, diseñar acciones (el que esté libre de culpa que tire la primera piedra), o que participación signifique, en el mejor de los casos que todas las asociaciones de un municipio expresen sus puntos de vista sobre una situación y, a partir de dichas observaciones, "se" diseñe la intervención. Debería sobrar hacer cualquier tipo de aclaración, sin embargo, por imperativo empírico, no queda otra que escribir este Post, pues participación hacen (o dicen que hacen) todos los partidos de todos los colores. 

Cabría señalar, como punto de partida, lo aparecido en el número de noviembre de la revista Sistema (Madrid, noviembre de 2008, 144 págs.), donde Enrique Pastor (Ciudadanía, democracia y política social municipal), reproduzco textualmente del Blog del profesor Cotarelo (Palinuro), en su estudio concluye que:

"Es la entidad local la que cuenta a la hora de implementar los procesos de participación (p. 115). Ésta se caracteriza por su pragmatismo, su generalismo y su pluralismo y tiende a contar con un número reducido de asociaciones prescindiendo de los individuos, de los colectivos sociales no organizados, etc, lo cual reduce la participación (pp. 116/117). Todo lo determina la autoridad, que canaliza la demanda de participación política según sus criterios (p. 121). El modelo de Consejos e Institutos no ha cumplido los objetivos de participación que se prometieron, no ha producido una profundización democrática y tiende a tratar a los ciudadanos como meros usuarios (p. 124) "Los Consejos e Institutos favorecen procesos de interacción entre los actores pero no garantizan por sí mismos, y de forma automática, una democratización en la construcción de las políticas sociales en el ámbito local, ni viceversa" (p. 126)."

A lo que cabría añadir que la formación respecto de lo que es, implica, significa y fomenta la participación ciudadana, brilla por su ausencia en todos los estratos de las Adminstraciones Locales, que finalmente son, como no es difícil de suponer (sin necesidad de realizar ningún estudio al respecto), el ente más importante (determinante incluso) de la participación en la cosa pública del ciudadano de a pié y en última y primera instancia, los responsables de que ésta sea de tan baja calidad. Claro que si también se tiene en cuenta que en España sólamente 2 son las Universidades que disponen de Máster en Investigación Participativa y que en las Currículas formativas de carreras como Sociología, Políticas o Trabajo Social, ni siquiera mencionan el modelo Participativo como científicamente válido a la hora de emprender un proceso de investigación social (pues se consideran únicamente los modelos Cuantitativo y Cualitativo), no es de extrañar que la confusión y la chapuza llegue a estos límites insospechados.

Es probable que la indefinición sea también responsabilidad de los "intelectuales" de la Participación. Una propuesta activa bien podría ser la de escribir, emulando a Robert Dahl, sobre cuáles son los elementos necesarios para poder llamar a algo "proceso participativo". Como aperitivo de dicha aportación, seguramente sería imprescindible señalar que para poder ser un proceso considerado participativo, los participantes deben participar activamente en la construcción del propio proceso participatvio. Sin querer ser excesivamente redundante, esto significa mucho más que opinar sobre las categorías sociales X o Y (o como diría el Maestro Montañes: opinar sobre los cuentos que otros cuentan), sino, precisamente, construir conjuntamente dichas categorías y, con ellas, nuevos cuentos. Probablemente debería contener también, elementos tales como debates comunitarios sobre las problemáticas que se pretenden abordar, teniendo presente la necesidad de hacer aflorar nuevas reflexiones colectivas sobre dichas problemáticas en todos y cada uno de los procesos participativos. No puede existir pues tal, sino no hay reflexión respecto de qué, cómo y porqué son considerados qué cosas problemas y sus relaciones, causas y efectos; siempre, desde el debate comunitario y desde la construcción participada de consensos y propuestas colectivas de superación de los dilemas y las controversias existentes. Como último aperitivo, la necesidad de incorporar al debate a todo ente con capacidad reflexiva, esto es: a todo ser humano viviente del entorno social en el que el proceso participativo se desarrolle, incluyendo en él tanto a los sujetos individuales como a las personas jurídicas del tipo que fueran, haciendo partícipes no sólo a sí mismos, sino también a las redes en las que participan, conforman y transforman; de cara a crear nuevos amplios conjuntos de acción con nuevas estructuras sociales de participación capaces de asumir, precisamente, nuevas, complejas y profundas transformaciones sociales.


sábado, 15 de noviembre de 2008

El Estado Español y sus relaciones de Amistad


Resulta que tras la aprobación de la Ley de Extranjería, cualquier ciudadano extranjero que desee entrar al país por motivos de turismo deberá presentarse con 580€ en metálico más un monto equivalente a 60€ diários de libre disposición por cada día de estancia en la zona; o bien, presentar una carta de invitación expedida por Policía Nacional en la que debe constar:


-Pasaporte o DNI convalidado del ciudadano Español receptor de la visita.


-Fotocopia convalidada del contrato de arrendamiento del inmueble en el que éste habita.


-Declaración expresa y jurada del presidente de la comunidad de vecinos sobre la veracidad de la residencia del ciudadano en dicho inmueble.


-Fotos acreditativas de amistad o relación entre el ciudadano español y los extranjeros visitantes.


-Pasaporte convalidado con Apostille de la Haya (ó legalizadas por la Embajada española del país correspondiente) de cada uno de los extranjeros visitantes.


-Partidas de nacimiento con Apostille de la Haya (o legalizadas por la Embajada española del país correspondiente) de cada uno de los extranjeros visitantes.


-Contrato de arrendamiento ó Escrituras del inmueble donde los extranjeros visitantes residen habitualmente con Apostille de la Haya (o legalizadas por la Embajada española del país correspondiente)


-95€ para el pago de las Tasas de Tramitación de la carta de invitación.



Señor Miguel Ángel Moratinos (y en extensión Señor Presidente de Gobierno) ¿no les parece cuanto menos arbitrario considerar a los Estados Latinoamericanos como Estados amigos cuando de establecer lazos comerciales se trata (introduciendo a las empresas españolas en sus territorios) para aplicar, a la primera de cambio, estas "amistosas" restricciones a la entrada y circulación por territorio nacional de sus ciudadanos (clientes, por cierto, de esas mismas empresas a las que Ustedes ayudaron mediante mecanismos diplomáticos a instalarse en dichos Estados)?