Tensiones entre modelos de desarrollo en los procesos de construcción de los Marco de Asociación País (MAP): el caso de Colombia.

¿Qué es el MAP?

El Marco de Asociación País (MAP) se constituye como el instrumento base de relación entre los estados receptores de ayuda al desarrollo y el estado español. En esencia se trata de la formalización de un acuerdo interestatal, en el que se recogen las principales líneas estratégicas y el contenido específico de las políticas de desarrollo que la Cooperación Española implementaría a lo largo de los siguientes años.

Este instrumento, promovido por el III Plan Director de la Cooperación, busca profundizar y orientar de manera más eficaz y eficiente la política de desarrollo concreta a implementar en los estados receptores, siendo su contenido director y definidor de las políticas a seguir por las ONGDs que se financien con los fondos puestos a disposición por la AECID.

Metodológicamente, el proceso de construcción del MAP, parte de un análisis previo a modo diagnóstico de la situación, que es elaborado por la propia OTC. Con base en éste, se conforma una Nota Concepto que recoge la primera propuesta de contenido del MAP. Esta nota concepto, tras ser supervisada y validada por la DGPOLDE, es sometida a debate tanto con la sociedad civil del país receptor, las instancias de la administración y las estructuras de gobierno pertinentes, como con el resto de actores definidos por la cooperación española.

Con la presentación de dicha nota concepto y la conformación del grupo estable de coordinación (integrado por una representación de ONGDs españolas, cooperación descentralizada, representación empresarial, la OTC y la Embajada) se pone en marcha la primera fase de debate, que concluye con el documento estratégico de contenidos de Cooperación, que servirá de base para la firma con el Gobierno del país receptor.

Tensiones no resueltas en el proceso de construcción del MAP España - Colombia. La conveniente alineación de la Cooperación española a las políticas del Presidente Santos.

El fondo político y estratégico del MAP Colombia, no ha sido sometido a reflexión colectiva. El mandato MAP, que obliga alinear las políticas de la Cooperación a las estrategias de desarrollo del país receptor, ha sido sistemáticamente interpretado como un sometimiento a las apuestas gubernamentales reunidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). La incoherencia, se encuentra instalada en el seno de un proceso oficialmente destinado a que las decisiones estratégicas se constituyan como el producto de un debate colectivo basado en el diálogo con todos los actores, siendo la práctica con la que se ejecuta dicho proceso, fundamentalmente orientada a recabar respaldos a lo definido previamente, en consonancia con las posturas oficiales del gobierno receptor y emisor de ayuda.

La apuesta por parte de la Cooperación Española por un Sector clave para Colombia llamado "Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza", es un claro ejemplo. La inclusión de este sector como parte del MAP fue duramente criticada por parte de numerosas ONGDs, dado el acento marcadamente economicista del mismo, y lo contradictorio de apostar por el crecimiento económico en un país cuyo incremento del PIB anual es superior al 5%, siendo por detrás de Haití, el país más desigual de América Latina, con una de las más enconadas tasas de concentración de la tierra en pocas manos.

En dicho contexto, sin embargo, el MAP España - Colombia, se decanta por el fortalecimiento de una política de cooperación orientada a impulsar la creación de pequeñas o medianas empresas y la competitividad, por encima de políticas destinadas a fomentar la redistribución fiscal o la Soberanía Alimentaria de las comunidades, como se reclama desde la sociedad civil colombiana (por ejemplo, en el Congreso Nacional de Tierras Territorios y Soberanías celebrado recientemente y que reunió a 15.000 delegados de diferentes movimientos sociales populares, sectoriales de toda Colombia).

El apoyo de la Cooperación Española a las estrategias neoliberales del Presidente Santos, se refleja en un borrador MAP, que toma como orientador al PND, y apoya las Leyes de Tierras y Víctimas, así como a los procesos de Desmovilización Desarme y Reconciliación (DDR) para paramilitares, Justicia Transicional, e incluso la propuesta de Desarrollo Rural recientemente presentada. Herramientas todas ellas básicas en la estrategia del ejecutivo colombiano mediante la cual lavar su imagen internacional, restituyendo 2 millones de ha. de tierras y reparando a parte de las víctimas del conflicto armado, con el objetivo de atraer mayor Inversión Extranjera Directa en materia agroindustrial exportadora, extractiva minero-energética, y macroproyectos de infraestructuras de comunicación.

El incondicional apoyo a estas iniciativas, corre el peligro de legitimar el despojo de tierras, profundizar en las aberrantes cifras de impunidad, y contribuir a la expansión de un modelo de desarrollo economicista basado en la maximización de los beneficios, la expansión y acumulación de capitales y la explotación de los recursos humanos y ambientales, generador de más inequidad social, violación de DDHH y desplazamiento. En esencia, dados los siguientes motivos:

1. El respaldo al PND, la Ley de Tierras y la propuesta de Desarrollo Rural, supone apoyar un modelo de restitución de títulos de tierras que en la práctica, obliga al restituido a vincularse a los proyectos agroindustriales instalados ilegal e ilegítimamente en dichas tierras, violentando su derecho al libre uso y disfrute, formalizando de esta manera la legalización del despojo, y contribuyendo a la proletarización del campesinado.

2. El apoyo explícito dentro del MAP a programas de DDR y Justicia transicional ha sido un asunto fuertemente criticado por parte del colectivo de ONGDs españolas, en repetidas ocasiones, y de manera unánime. Sendas iniciativas heredadas del Gobierno de Uribe, no han sido fruto de un genuino proceso de construcción y negociación para la paz y no han estado dirigidas a garantizar la justicia, la verdad y la reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. De hecho, estos procesos, han contribuido a agudizar la crisis de DDHH de Colombia y la impunidad reinante, como lo demuestra el hecho de que las estructuras paramilitares no sólo continúan activas en la actualidad, sino que incluso han multiplicado su número y presencia en el territorio colombiano; así como que al amparo de la Ley de Justicia y Paz, únicamente han sido dictadas 4 sentencias en 6 años de vigencia, de las cuáles sólo una de ellas lo es en firme.

3. La apuesta dentro del MAP Colombia - España por el fomento de Alianzas Público-Privadas (APP) y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), supone en la práctica, un enorme riesgo para la población más vulnerable y el reconocimiento de sus derechos.

Por un lado, por ejemplo, a través de la mercantilización del Agua que se concreta mediante la alineación con los Planes Departamentales de Agua (PDA) propuestos por el Gobierno colombiano, y que implica la privatización del servicio, abriendo de paso la puerta a empresas españolas para la prestación del mismo vía APP, desconociendo la gestión de acueductos comunitarios y vulnerando el derecho fundamental al Agua[1].

Por otro lado, explicitando un apoyo a la Responsabilidad Social Corporativa desde un modelo de crecimiento inclusivo[2], que considera "la iniciativa empresarial el mecanismo fundamental para hacer a la población pobre partícipe en la generación de riqueza y de empleos mediante la actividad económica"[3], y que en última instancia, no sólo no combate de raíz la causa de las injusticias, atropellos y desigualdades sociales del sistema neoliberal, sino que además, profundiza en las mismas, ¡otorgando un espacio en la definición de las políticas de cooperación a las propias causantes de muchas de dichas desigualdades, injusticias y atropellos!: ¿acaso en Colombia, no se ha podido constatar que las transnacionales han violado y siguen violando los Derechos Humanos, desplazando comunidades de sus territorios, han contribuido al incremento de los conflictos sociales con las comunidades afro, indígenas y campesinas, han vulnerado el principio de consulta previa contraviniendo la ley colombiana y sus acciones han tenido y siguen teniendo un impacto irreversible sobre el medio ambiente, han desconocido los derechos de los trabajadores al prohibir implícita o explícitamente la sindicalización, han contribuido y siguen contribuyendo a la precarización de los Derechos Laborales mediante el uso de la contratación terciarizada, han incrementado las tarifas de los servicios públicos que gestionan, contribuyendo al incremento de la inequidad, han puesto en peligro y continúan poniendo en peligro los Derechos Humanos al presionar e incluso forzar la privatización de sectores estratégicos para los estados y sus pobladores, como es el caso del sector energético o el agua?

La apuesta por un modelo innegociable, jerárquico e impuesto de desarrollo inclusivo, choca frontalmente con la consideración de un Tercer Sector como espacio alternativo a la lógica del mercado libre a ultranza, ajeno a la maximización del beneficio y al retorno de las inversiones, sin ánimo de lucro. Comprometido en la causa de forjar activa y participativamente un proceso de construcción de un marco de acción política, económica y social capaz de fomentar la potenciación de las necesidades humanas de manera integral y holística. Capaz de aportar fórmulas convivenciales a escala micro, meso y macro, cuya implementación signifique la atención de las necesidades humanas de manera recursiva e igualitaria para tod@s.

La tensión latente en el proceso de construcción del MAP Colombia - España (y en general de todos los procesos MAP anteriores), responde a la lucha existente entre modelos de desarrollo incompatibles. Una política de Cooperación al Desarrollo que potencie un espacio de reflexión y acción por otro mundo posible, necesario e imprescindible, dispuesto a denunciar los abusos de los unos sobre los otros, dispuesto a dotar de fortaleza y visibilidad a los débiles en su lucha contra aquellos que vulneran sus derechos, y dispuesto a trabajar por un futuro que beneficie a tod@s y no sólo a unos pocos, choca frontalmente contra un modelo de desarrollo vinculado al crecimiento económico, la mercantilización del agua, y el apoyo implícito a las lógicas de maximización de beneficios, acumulación y expansión de capitales, camufladas en estrategias de Responsabilidad Social Corporativa y Alianzas Público Privadas.

La propia incorporación como actores de desarrollo en los procesos de definición del MAP, de las empresas españolas, la Cámara de Comercio u otras instancias con ánimo de lucro e intereses irrenunciables, implica la incorporación de actores y toma en consideración de posturas contrarias a las políticas de desarrollo a escala Humana[4] y sin ánimo de lucro que debería defender la Cooperación española, y que numerosas ONGDs entendemos como guía de nuestro accionar.

Por ello, a pesar de la realización de numerosas reuniones sectoriales nacionales e incluso regionales promovidas por la OTC para dotar de contenido al MAP, lo cierto es que éste, dista mucho de ser resultado de un proceso de deliberación colectivo. El resutado actual del MAP, pese a las buenas voluntades de la OTC, no obedece a planteamientos emancipatorios, equitativos y redistributivos de la riqueza, sino todo lo contrario.

---

[1] Si bien la OTC, ante las propuestas realizadas por PcD y la Sociedad Civil colombiana, ha habilitado una línea concreta de apoyo (aún por definir) a las prácticas participativas comunitarias de gestión integral de cuencas hidrográficas.

[2] Basado en las consideraciones del capitalismo inclusivo inspiradas por Prahalad, (2005). "La fortuna en la base de la pirámide: Cómo crear una vida digna y aumentar las opciones mediante el mercado", 2005. Granica, Barcelona.

[3] Según puede observarse en los FAQ de la Web del Ministerio de Asuntos Exteriores: http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/Documents/2010_FAQ1_MAP.pdf y http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/Documents/2010_FAQ2_MAP.pdf

[4] MAX NEEF: "desarrollo a escala humana", 1994. icaria. Barcelona.

Tierras en Colombia, el giro de la política del gobierno Santos.

El giro que plantea la política del gabinete Santos, que tanta legitimidad internacional le está reportando gracias al desarrollo de las Leyes de Víctimas y de Restitución de Tierras, responde a la intención de multiplicar la Inversión Extranjera Directa en negocios "legales y legítimos" asociados a la industria minera extractiva, la industria forestal y la agroindustrial.

Para ello, el ejecutivo ha diseñado un ambicioso plan de incentivos económicos, reformas institucionales y de carácter jurídico, incluyendo en este apartado las arriba mencionadas leyes, junto a la firma de Tratados de Libre Comercio para la protección y promoción de la inversión.

Las sistemáticas revisiones del Estatuto de Inversión Extranjera de 1990 han facilitado al ejecutivo la creación de la cláusula de igualdad respecto a las inversiones nacionales, así como la inclusión de figuras legales tales como el "trato de nación más favorecida", por el cual un país firmante de unas determinadas condiciones se podría beneficiar de las mejoras reflejadas en la firma de otro acuerdo con una nación diferente; amén de las portentosas desgravaciones fiscales que se han mantenido e intensificado para los grandes capitales.

Junto a estas fórmulas de incentivo económico, el gobierno Santos ha promovido el fortalecimiento de un marco jurídico al servicio de las inversiones extranjeras, promoviendo nuevas leyes y firmando TLCs, que comprometen al estado colombiano a garantizar la seguridad de las inversiones, incluso militarmente. No en vano, fuentes del ministerio de defensa, reconocen que alrededor de un 30% de militares se encuentran destinados al cuidado de las IED. Y ello, sin desconocer la existencia de ejércitos propios de transnacionales, a menudo, vinculados a organizaciones paramilitares.

Este desarrollo normativo se institucionaliza con la creación o/y promoción de diferentes Agencias Nacionales, dependientes directamente de Presidencia y sin presencia alguna del poder legislativo o la participación de la sociedad civil.

El marco de promoción de la IED, en el que se plantea aumentar las zonas de explotación agroindustrial y forestal a 12 millones de Ha., la explotación petrolífera a 38 millones y la minera a 11 millones, requiere un nuevo ordenamiento territorial bajo la perspectiva de la acumulación del capital que hace imprescindible aclarar los derechos de propiedad para legalizar y legitimar este modelo de desarrollo basado en la reprimarización financiarizada de la economía colombiana.

El ingreso a los flujos financieros globales promoviendo la entrada de capitales de empresas transnacionales a Colombia, incentivando el movimiento en el mercado de las tierras, e incluso favoreciendo las dinámicas especulativas en torno a los valores en bolsa de las distintas corporaciones (gracias a los mercados de futuro por la obtención y la puesta en juego de los títulos de explotación de recursos) implica, necesariamente, construir un escenario legal, capitalista, neoliberal, legítimo. Un escenario diferente al estado parapolítico y caciquil propuesto por el antecesor de Santos, aunque igualmente injusto y tenebroso.

En dicho marco deben leerse los anuncios de las Leyes de Restitución de Tierras y Víctimas, así como la futura Ley Agraria y de Desarrollo Rural que se encuentra en debate en el seno del gobierno en estos momentos, y que plantea la creación de un Consejo Nacional de Tierras, dependiente directamente de Presidencia y responsable del ordenamiento de usos del suelo rural. Es decir, de la definición del espacio y la propiedad del mismo: la decisión unilateral de a quiénes, cuánto y en qué condiciones se restituirá la tierra, atendiendo a las necesidades de los inversionistas en primera instancia (pues ahora la Ley así lo establece). Y para muestra, un botón:

La distinción que se establece entre titularidad de la propiedad de la tierra y derecho de superficie, en última instancia permite el disfrute, por parte del superficiario, del usufructo de la tierra pese a no poseerla, obligando al titular de ésta a someterse al negocio rural que el titular del derecho de superficie posea.

Este cambio de rumbo en la política de desarrollo rural tiene sus consecuencias directas en el modo de abordar el tema de las Zonas de Reservas Campesinas, las zonas Afros o los Resguardos Indígenas. Mientras que Uribe era completamente contrario a promocionar Zonas de Reserva Campesina, Santos promueve estas fórmulas, habiendo dejado atado anteriormente el marco institucional y normativo que posibilitará legalizar y legitimar el despojo: haciendo uso a su vez de una estrategia de cooptación de las organizaciones de base y titulares de la propiedad de la tierra, reconvirtiendo a estos pequeños propietarios en socios o trabajadores del consorcio agroindustrial, forestal o minero-extractivo, bajo la lógica del capitalismo inclusivo.

De paso, promoviendo Zonas de Reserva Campesina, Afros y Resguardos Indígenas, en tierras reclamadas por cada uno de los colectivos para sí mismos, incentiva la creación de conflictos interétnicos por la titularidad de la tierra.

La perversidad del giro de la política de Santos, no sólo reside en la apuesta por un modelo de crecimiento económico que únicamente beneficia a unos pocos, también mantiene intactas las estructuras narcoparamilitares tradicionales.

El nacimiento del 15M, ¿la Spanish Revolution?

El 15M se mueve, crece, actúa y vuelve a Sol... donde todo comenzó. Pasados más de 2 meses del nacimiento, el 15M está más vivo que nunca. Las asambleas no sólo no han cesado, sino que se han extendido a lo largo y ancho de la geografía española... cada barrio, cada pueblo, cada ciudad cuenta con sus indignados. Y no es de extrañar, pues más del 20% de la población activa española se encuentra en paro. Cifras que llegan a la aberración total, cuando se miran los datos de jóvenes, pues siendo ésta la generación más formada de la historia de España, actualmente están parados uno de cada dos jóvenes, pese a contar con envidiables currículos llenos de carreras universitarias, diplomados, masters, idiomas y manejo informático.

El movimiento del movimiento es tal, que, hoy por hoy, resulta absolutamente imposible dar cuenta de todo lo que pasa en cada espacio de deliberación e intercambio político. Las asambleas fluyen semanal o quincenalmente, las reflexiones respecto del estado de la cuestión y las propuestas encaminadas a darle salida son tantas y tan variadas, que se precisarían meses para analizarlas. Pero además, las últimas acciones del movimiento, han vuelto a dejar primeras portadas en todos los periódicos españoles, e incluso internacionales. A la indignación, la movilización y la deliberación política, en los últimos meses se ha sumado la acción directa contestataria... la desobediencia civil por derecho, en defensa del desamparado, el desposeído, el marginado y el excluido, que se ha materializado en dos hitos de espacial importancia. A saber:

- La paralización de decenas de procesos de desahucio bancario por impago de hipotecas en todo el panorama nacional; y,

- La imposibilidad efectiva para la policía de acometer controles a inmigrantes en busca de papeles; práctica habitual hasta el momento pese a su inconstitucionalidad manifiesta.

La organización de concentraciones en las viviendas que iban a ser desalojadas en beneficio de la banca (sin perjuicio del pago del resto de la deuda), o en las plazas públicas en amparo del inmigrante transeúnte indefenso frente a las redadas policiales, son actos que suponen una de las mayores y más impactantes críticas concretas al modelo de exclusión propuesto por el sistema neoliberal capitalista. Se trata de una respuesta en alta voz, sonora y efectiva que golpea los mismísimos cimientos del modelo imperante: la concepción de que algunos sobran, los que no producen, los que no tienen.

La defensa de ambos colectivos deberá complementarse con procesos de reflexión tanto a lo interno del movimiento, como con los propios colectivos defendidos, respecto del fondo de la cuestión: el atroz consumismo que se constituye como el motor del modelo. No son pocos los casos en los que tanto los perjudicados por los desahucios como aquellos sometidos a las redadas policiales, han formado activa parte del modelo de consumo y "progreso social" imperante. La concepción de un modus vivendi basado en la posesión de más y "mejor" para prosperar socialmente ha calado tanto en las mentes y almas de tantos ciudadanos globales que la inmensa mayoría de la ciudadanía occidental ha terminado por vincularse al mismo insensibilizándose ante los recortes sociales efectuados contra "otros", el hambre en el mundo, las injusticias sociales, etc.

Cabe apuntar que en última instancia, el Renacimiento de las reivindicaciones sociales en España, ha sido fruto de una brutal crisis económica que ha llegado a impactar en los beneficios de los sectores más o menos acomodados, y este factor resulta clave para el análisis. Una explosión social como la acontecida no era si quiera imaginable bajo los paradigmas de un capitalismo inclusivo donde la clase media era parte beneficiaria directa del sistema. Buenos sueldos para recién licenciados, mejores para aquellos con masters e idiomas, excelentes para los ingenieros informáticos, e incluso más que aceptables para los obreros de la construcción y los jornaleros recolectores si decidían hacer horas extra. En el momento en que esta situación de bollante crecimiento inicia su retroceso, se comienzan a dar situaciones que ya apuntaban a una profunda crisis como la actual. La clase media se resiente de la situación: los salarios de los funcionarios del estado son recortados en un 5%, los empleos generados durante el boom económico español no son renovados y (como la tasa de empleos fijos era tan sumamente ridícula) el paro comienza a aumentar. Con el tiempo, las prestaciones por desempleo desaparecen y los cursillos públicos de reinserción, también. Por su parte, las dificultades de los jóvenes para el logro de un primer trabajo más o menos digno aumentan de tal modo, que incluso terminan resintiéndose los sacrosantos cubatas del "finde" de marcha[1].

Por último, una batería atroz de recortes sociales golpea las bases del estado social español: abaratamiento del despido, aumento de los años de cotización para el cobro de la pensión, privatización de servicios públicos como el Canal de Isabel II, cierre de hospitales públicos en Catalunya y apertura de centros privados con financiación estatal, subida de los impuestos indirectos como el IVA (del 16% al 18%), pero sin retoque alguno al sistema tributario progresivo para las altas rentas, y, como no, la magnitud del rescate financiero a la banca.

El castillo de naipes cae por su propio peso. El consumismo que había obnubilado a toda una población y que había supuesto la demanda de hipotecas para la segunda vivienda, créditos de todo tipo (incluyendo los vacacionales), el segundo automóvil, o la compra de la vivienda de nueva construcción por parte de los recién casados (hipotecada a 40 años), se torna impagable. El consumo de ocio, también. Y en ese marco de problemas que crecen, la plataforma Democracia Real Ya!, convoca una manifestación más. Una de las tantas efectuadas a lo largo de los años pasados. Una más de las tantas donde 500 personas fueron las participantes que se reunieron entorno a una plaza dando cuenta de que había otras formas de entender el mundo. Así, el día en que nació el 15 M, fueron apenas 300 personas las manifestadas, y menos aún aquellas que pernoctaron en Sol. Si bien, el contexto había cambiado.

Había cambiado tanto que al día siguiente se duplicaron los pernoctantes, y al tercer día, tras el intento fallido de desalojo policial, ya no sólo fueron las redes de los amigos y conocidos las que llegaron a Sol, sino también las de aquellos que habían disfrutado fugazmente del progreso español. Y así fue como se hizo el movimiento. Un movimiento que no para, y que se ha vuelto a encontrar el pasado día 23 de Julio, nutrido ahora con los indignados regionales, que han formado diferentes columnas para unirse a sus compañeros madrileños y pisar el punto kilométrico 0 de las carreteras nacionales situado en el mismísimo epicentro de la puerta de Sol.

Pocos poetas podrían haber imaginado un final más bello para las diferentes caminatas indignadas que el epicentro del Sol. Una peregrinación kilómetro a Kilómetro hacia el templo de la reflexión, el ágora política contemporánea global.

Sol dio salida a las frustraciones y el desamparo de una generación de jóvenes que se merecía algo más. Significó el espacio de concurrencia de una generación de jóvenes al completo que anteriormente había vivido de espaldas los unos de los otros. Las deliberaciones y reflexiones políticas acontecidas durante los primeros días y semanas atrajeron la atención, sensibilidad y solidaridad de la clase media española, hasta tal punto que algunos adultos terminaron incorporados al proceso. Un proceso a todas luces novedoso: participativo, heterogéneo, de base y profundamente autónomo. Sin líderes ni direcciones, sin cabecillas, partidos u organizaciones formales manejando los designios divinos, sin élites liderando la masa... sino la masa construyendo y construyéndose en el proceso mismo de construcción (hasta tal punto que ni de nombre unívoco consta). Construyendo diagnóstico, definiendo estrategias, realizando propuestas e implementando acciones.

Los retos del movimiento son ingentes. Tanto o más que los peligros. Se precisa concretar un diagnóstico capaz de generar el suficiente consenso como para continuar atrayendo a más redes (motivo por el cual quizás, las cuestiones relativas a la libertad religiosa, la laicidad del estado o el derecho al libre aborto no son definidas), y perfilar nuevas propuestas más allá de aquellas primitivas 4 exiguas exigencias consensuadas en su momento. Avances en ese sentido los hay a patadas: en la última reunión de la comisión de economía, en aquella que participó el premio noble Stiglitz, se pusieron sobre la mesa importantes propuestas de fondo. Entre ellas, destacan propuestas como las siguientes: aumento del salario mínimo interprofesional y regulación de salarios máximos, dación en pago para saldar la deuda hipotecaria, prohibición de expedientes de regulación de empleo para empresas con beneficios, profundización en la progresividad del sistema fiscal, sometimiento a referéndum vinculante los rescates a la banca, reforzamiento de un sistema financiero público bajo control social, abolición de los paraísos fiscales, impuesto espacial a las transacciones financieras para penalizar los movimientos especulativos, banca pública, 0,7% para ayuda al desarrollo...

Llevar a la práctica dichas propuestas, requiere poder político. Un poder político efectivo, formal. Situación que a día de hoy parece más una burla que una realidad imaginable. Las encuestas dan por abrumadora mayoría la victoria al PP, que podría gobernar con Mayoría Absoluta si los votantes prestamistas no ceden su voto al PSOE. Y parece que no lo harán, a tenor de los resultados de las elecciones municipales pasadas donde los socialdemócratas fueron severamente castigados, precisamente, por los votantes prestamistas. El giro a la izquierda que pretende orquestar el nuevo candidato socialista, Rubalcaba, se antoja a los ojos de los más, una burda estrategia para atraer al votante descontento... e incluso indignado.

Así las cosas, con una España previsiblemente gobernada por una derecha neoliberal corrupta, caciquil y cerril, votada por nada menos que 10 millones de españoles, tocará diseñar propuestas ligadas al mundo de lo posible, con una doble intención:

Por un lado, la de generar al propio movimiento la oportunidad de conseguir logros. Logros concretos, reales, palpables. En este sentido, cobra vital importancia la reflexión acción colectiva para la implementación de acciones con capacidad de transformación efectiva de la sociedad, cuya posibilidad de concretarse dependiera exclusivamente de los recursos con los que el propio movimiento pudiera contar en sus espacios de acción. El bloqueo de desahucios por impago de deuda bancaria es una excelente iniciativa que podría servir de modelo para la planificación de otras. Será preciso construir protocolos de actuación colectiva y definir cambios en los comportamientos concretos de los indignados capaces de transformar el entorno cotidiano.

Por otro lado, y muy ligado a lo anterior, la intención de fomentar procesos sistemáticos de autocrítica, de formación y difusión de ideas por otro mundo posible en más redes. Esto requerirá adentrarse en la cotidianidad de las convivencias ciudadanas, adentrarse en los espacios de interrelación de los habitantes de los barrios, de las madres y padres, de los trabajadores, de los inmigrantes, de los mayores, de los otros jóvenes, etc. pues no basta con extender las asambleas a los pueblos y barrios si no se provocan reflexiones en los ciudadanos que no participan en las asambleas. Es preciso ampliar las redes desde los afines a los diferentes, para seducir a los ajenos y bloquear a los opuestos. Opuestos que, ciertamente, son legión.

El desarrollo de sendas propuestas tiene la capacidad de dar resultado a corto y largo plazo, ya que parte de la consecución de pequeños logros y la concepción profundos cambios actitudinales potencialmente transformadores en un horizonte más lejano. Un momento en el que se espera haber articulado el debate y la reflexión colectiva en redes y más redes, capaces entonces, de incitar o construir poder político efectivo a gran escala.

El proceso de reflexión y construcción colectiva iniciado requerirá tener muy claro que la transformación social deseada, deberá partir de los espacios de la cotidianidad, del poder de lo micro, de lo personal, familiar, reticular barrial, etc. de las prácticas y comportamientos capaces de implicar transformaciones mayores con el tiempo, del aleteo de la mariposa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si comienzan a ser masivas las campañas de boicot al consumo?, ¿o si los programas políticos para los barrios se realizan participadamente y se comienzan a implementar sin contar con los gobiernos de turno?, ¿o si se hace tan difícil expulsar a alguien de su vivienda o al inmigrante de su nuevo país, que sencillamente deja de suceder?, ¿qué pasa cuando el sistema pierde su legitimidad?, ¿cuando se cuestiona el sacrosanto principio de la representatividad política?, ¿cuando se apuesta por un sistema democrático no delegado, sino deliberativo y propositivo?...

Todo puede pasar en Sol

---

[1] Es internacionalmente conocida la rumba española, que se basa en el exacerbado consumo de alcohol sin límites en calles y plazas públicas mientras se pasa de bar en bar, hasta los límites de la noche.