La desmantelación del Estado del Bienestar ya está en marcha; si bien para muchos, lo de las 48 horas semanales era poco menos que papel mojado, la propuesta (británica, como no podía ser de otra forma) de aumentar el máximo de horas laborables por semana hasta las 65 significa todo un atropello a uno de los grandesl logros del movimiento obrero: la jornada laboral de 8 horas diárias.
Es cierto, por una parte, que dicho atropello no hace más que legalizar las jornadas de trabajo de los cientos de miles de trabajadores de la construcción y la hostelería de este país... o las de los cientos y cientos de inmigrantes que se ganan la vida como pueden donde pueden, o las jornadas laborales de algunos médicos, y de muchos campesinos... o las jornadas de los nuevos asalariados, pues son esas las horas con las que muchísimos más de los que figuran en las estadísticas oficiales se desayunan cada semana. Sin ir más lejos, los jóvenes que entran en el mercado de trabajo y no pueden decir que no a una serie de horas extra no remuneradas... (ya se sabe aquello de: "esto no está terminado, cuando termines, sales", o la mucho peor aún presión psicológica con la que una de las empresas más sobresalientes de España, el Corteinglés, gestiona a su personal cotidianamente). Sin embargo, por otra parte, clama al cielo el hecho de que para dar respuesta a esta situación que sufren tantos trabajadores, se plentee legalizar dichas jornadas, en lugar de buscar combatirlas. Es como si a algún iluminado se le ocurriese que para combatir el problema que supone la evasión fiscal de los grandes capitales, se establezca una nueva normativa que permitiera la evasión fiscal hasta un determinado monto. (¿o será que eso ya es legal?)
Además, la propuesta de las 65 horas semanales, pretende aplicarse de forma individual, esto es, mediante un convenio suscrito entre el trabajador y el empleador, lo cual vulnera el principio de igualdad ante la Ley. ¿Qué trabajador puede ser capaz de oponerse a la realización de una jornada X si el empleador se la demanda amparado por Ley en el marco de una negociación individual de las condiciones laborales? Seguramente un gran programador informático, o un experto ingeniero, o un sobresaliente asesor. Pero, ¿será capaz de mantener un pulso con el empleador un obrero de la construcción, o un comercial de ventas raso, o un jóven profesional (Licenciado, Masterizado o incluso Doctorado) sin experiencia? Huelga decir que no, pues como él, "hay miles... así que tú dirás. Lo tomas o lo dejas". El hecho de otorgar la posibilidad de negociar de igual a igual a un individuo con una empresa no es más que un absoluto engaño, pues la inmensísima mayoría de trabajadores no tienenen individualmente la fuerza ni el amparo que tienen en conjunto con el apoyo de sindicatos e incluso gobierno. De hecho, esa es la principal razón por la que las negociaciones son colectivas y los convenios laborales firmados entre patronal y sindicatos con el Gobierno como principal valedor de estos.
El nacimiento del Estado de Derecho se fundamenta en el principio de ser todos iguales ante la Ley, y es por eso que se protege de eventuales abusos a los individuos, tanto frente al Estado (mediante Derecho Administrativo) como frente a la Patronal (mediante Derecho Laboral). Un abuso de la administración pública puede ser recurrido ante los tribunales de lo contencioso administrativo por cualquier sujeto de derecho, igual que un abuso de la Patronal es susceptible de ser recurrido por el trabajador amparado en el derecho laboral. Estas magníficas protecciones a los derechos de los sujetos, inéditas en la historia hasta la creación del Estado resultante tras la Revolución francesa, son constitutivas de la esencia del Estado de Derecho. Si se modifican los mecanismos que conforman las protecciones de los sujetos, se está atacando el principio de igualdad ante la Ley. El cambio de las reglas del juego que alimenta la directiva europea (directiva no es igual a reglamento y por tanto será de libre aplicación en cada Estado miembro) supone un mazazo, esta vez oficial, al Estado del Bienestar europeo, ya que si bien la existencia de estas escandalosas jornadas eternas son hoy una realidad para cientos de miles e incluso millones de trabajadores de España y de Europa, la inclusión de esta fórmula legal de negociaciones individuales de jornadas laborales de 65 horas rompe con el principio de igualdad ante la Ley pues desprotege al individuo frente a la fuerza de la Patronal.
Hasta dónde llegará esta directiva, fruto, sin duda, de la presión de las empresas europeas, dependerá de la respuesta de la ciudadanía, que debería ser más que rotunda de cara a frenar el progresivo desmantelamiento del Estado del Bienestar en el que parece que nos encontramos.
