Cartilla de la Paz Transformadora (descarga)

Pinchando AQUÍ es posible descargar la cartilla "El conflicto sociopolítico colombiano y la construcción de Paz Transformadora y Participativa. Una mirada desde el movimiento social"

Inequidad y guerra en Colombia. Algunos datos dicientes...

• La población con Necesidades Básicas Insatisfechas en las áreas urbanas de Colombia asciende al 19,51%, mientras que en las áreas rurales al 53,3% (año 2005)

• Índice de desempleo en Colombia situa en el 13,5% (año 2010), alcanzando el empleo informal en 2011 niveles del 52% de la población laboral.

• 46% de los colombianos vive en niveles de pobreza, mientras que el 17% lo hace en la extrema pobreza (año 2010).

• Coeficiente Gini alcanza un valor de 0,585, “lo que sitúa al país entre los siete más desiguales del planeta”, como lo reconoce el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (año 2010).

• GINI nacional de propiedad sobre la tierra pasa de 0.86 en 2000 a 0.885 en el 2009

• De acuerdo con información del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), el 75% de los propietarios posee el 18.3% del área catastral, mientras el 3.8% de los propietarios posee el 41% del área catastral.

• El conflicto Colombiano en su último periodo (1985-), ha dejado más de 350.000 víctimas mortales, 5,195,620 desplazados y desplazadas, entre 7 y 10 millones de Has de tierras despojadas, más de 50.000 desaparecidos y desaparecidas, y 15.000 personas torturadas.

• En el periodo 2002– 2010, se produjeron unas 3,000 ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública (falsos positivos). Desde el 1 de diciembre de 2002 hasta el 30 de junio de 2008 se registró que 4.261 personas habrían sido víctimas de violaciones al derecho a la vida atribuidas, presuntamente, a grupos paramilitares.

Muy pronto... una propuesta de paz para Colombia desde el movimiento social

En breve se podrá tener acceso al contenido de la recién publicada cartilla "El Conflicto Sociopolítico Colombiano y la Construcción de Paz. Una Mirada desde el Movimiento Social".



Una investigación desarrollada por Esteban A. Ramos Muslera, con el movimiento popular colombiano.

Diálogos de paz en Colombia

La participación viva y activa de la sociedad civil en un verdadero y legítimo proceso de construcción de paz en Colombia resulta imprescindible para transformar las causas estructurales y los impactos del conflicto social y armado, en oportunidades de desarrollo a escala humana para el conjunto de la población.

El diálogo iniciado entre el Gobierno del Presidente Santos y la guerrilla de las FARC-EP es un hecho de especial relevancia a la hora de concebir vías de solución política negociada a la cruenta guerra que asola el país desde hace ya más de 50 años. Sin embargo, no es -ni debe ser-, el único escenario de construcción de paz. Además de los diálogos para la terminación del conflicto armado es necesaria una reforma sustancial del sistema político y económico.

La guerra entre la insurgencia, el estado y los grupos paramilitares a su servicio, causa de cientos de muertes y miles de desplazados anualmente, no es la única expresión de un conflicto que se compone de contenidos sociales, político-ideológicos y económicos cuyos impactos en la convivencia ciudadana son tan salvajes como los enfrentamientos armados. La pobreza que acecha a más de un 46% de la población colombiana no es únicamente atribuible a la violencia de la guerra en todas sus expresiones. De hecho, hay consenso en señalar que ésta, la pobreza, es en primera instancia resultado de unas políticas diseñadas de acuerdo con los intereses de unos pocos al propiciar la maximización de beneficios y la acumulación de capital en pocas manos. En este sentido, huelga decir que fueron dichas políticas, así como la estructura excluyente del sistema político colombiano, las principales causas que propiciaron el levantamiento armado de algunos sectores de la sociedad de acuerdo con el argumento de la legítima resistencia ante la tiranía. Los más de 5.000.000 de desplazados, los 10 millones de hectáreas de tierras usurpadas y los impactos del accionar empresarial en las comunidades y el medioambiente, son prueba palpable de que la guerra no sólo no ha logrado transformar las causas estructurales del conflicto interno, sino que, además, ha contribuído enormemente a dificultar las estrategias emancipadoras diseñadas por las comunidades para desarrollarse endógena e integralmente.

En consecuencia, los diálogos entre la insurgencia y el Estado para la terminación de la expresión armada del conflicto colombiano son necesarios pero insuficientes en clave de construcción de paz, dado que en éstos no participa la población civil ni se plantean las reformas necesarias de fondo en el sistema político y económico. Construir un nuevo sistema democrático incluyente con participación directa, deliberativa y decisoria de la población en la cosa pública, reducir la inequidad crónica mediante políticas fiscales progresivas y la implementación de un nuevo modelo económico que cristalice un viraje radical en las políticas de incentivo de la Inversión Extranjera Directa, así como generar políticas públicas de protección social (la salud y la educación como un derecho y no como un servicio); son reclamos históricos del pueblo colombiano y elementos esenciales para una paz justa y duradera. Reclamos históricos y elementos esenciales sobre los cuales el movimiento popular tiene mucho que decir. De ahí la necesidad de propiciar un proceso de construcción de paz que trascienda las mesas de diálogo establecidas y contemple una participación protagónica directa del movimiento popular. 

Tierras en Colombia, el giro de la política del gobierno Santos.

El giro que plantea la política del gabinete Santos, que tanta legitimidad internacional le está reportando gracias al desarrollo de las Leyes de Víctimas y de Restitución de Tierras, responde a la intención de multiplicar la Inversión Extranjera Directa en negocios "legales y legítimos" asociados a la industria minera extractiva, la industria forestal y la agroindustrial.

Para ello, el ejecutivo ha diseñado un ambicioso plan de incentivos económicos, reformas institucionales y de carácter jurídico, incluyendo en este apartado las arriba mencionadas leyes, junto a la firma de Tratados de Libre Comercio para la protección y promoción de la inversión.

Las sistemáticas revisiones del Estatuto de Inversión Extranjera de 1990 han facilitado al ejecutivo la creación de la cláusula de igualdad respecto a las inversiones nacionales, así como la inclusión de figuras legales tales como el "trato de nación más favorecida", por el cual un país firmante de unas determinadas condiciones se podría beneficiar de las mejoras reflejadas en la firma de otro acuerdo con una nación diferente; amén de las portentosas desgravaciones fiscales que se han mantenido e intensificado para los grandes capitales.

Junto a estas fórmulas de incentivo económico, el gobierno Santos ha promovido el fortalecimiento de un marco jurídico al servicio de las inversiones extranjeras, promoviendo nuevas leyes y firmando TLCs, que comprometen al estado colombiano a garantizar la seguridad de las inversiones, incluso militarmente. No en vano, fuentes del ministerio de defensa, reconocen que alrededor de un 30% de militares se encuentran destinados al cuidado de las IED. Y ello, sin desconocer la existencia de ejércitos propios de transnacionales, a menudo, vinculados a organizaciones paramilitares.

Este desarrollo normativo se institucionaliza con la creación o/y promoción de diferentes Agencias Nacionales, dependientes directamente de Presidencia y sin presencia alguna del poder legislativo o la participación de la sociedad civil.

El marco de promoción de la IED, en el que se plantea aumentar las zonas de explotación agroindustrial y forestal a 12 millones de Ha., la explotación petrolífera a 38 millones y la minera a 11 millones, requiere un nuevo ordenamiento territorial bajo la perspectiva de la acumulación del capital que hace imprescindible aclarar los derechos de propiedad para legalizar y legitimar este modelo de desarrollo basado en la reprimarización financiarizada de la economía colombiana.

El ingreso a los flujos financieros globales promoviendo la entrada de capitales de empresas transnacionales a Colombia, incentivando el movimiento en el mercado de las tierras, e incluso favoreciendo las dinámicas especulativas en torno a los valores en bolsa de las distintas corporaciones (gracias a los mercados de futuro por la obtención y la puesta en juego de los títulos de explotación de recursos) implica, necesariamente, construir un escenario legal, capitalista, neoliberal, legítimo. Un escenario diferente al estado parapolítico y caciquil propuesto por el antecesor de Santos, aunque igualmente injusto y tenebroso.

En dicho marco deben leerse los anuncios de las Leyes de Restitución de Tierras y Víctimas, así como la futura Ley Agraria y de Desarrollo Rural que se encuentra en debate en el seno del gobierno en estos momentos, y que plantea la creación de un Consejo Nacional de Tierras, dependiente directamente de Presidencia y responsable del ordenamiento de usos del suelo rural. Es decir, de la definición del espacio y la propiedad del mismo: la decisión unilateral de a quiénes, cuánto y en qué condiciones se restituirá la tierra, atendiendo a las necesidades de los inversionistas en primera instancia (pues ahora la Ley así lo establece). Y para muestra, un botón:

La distinción que se establece entre titularidad de la propiedad de la tierra y derecho de superficie, en última instancia permite el disfrute, por parte del superficiario, del usufructo de la tierra pese a no poseerla, obligando al titular de ésta a someterse al negocio rural que el titular del derecho de superficie posea.

Este cambio de rumbo en la política de desarrollo rural tiene sus consecuencias directas en el modo de abordar el tema de las Zonas de Reservas Campesinas, las zonas Afros o los Resguardos Indígenas. Mientras que Uribe era completamente contrario a promocionar Zonas de Reserva Campesina, Santos promueve estas fórmulas, habiendo dejado atado anteriormente el marco institucional y normativo que posibilitará legalizar y legitimar el despojo: haciendo uso a su vez de una estrategia de cooptación de las organizaciones de base y titulares de la propiedad de la tierra, reconvirtiendo a estos pequeños propietarios en socios o trabajadores del consorcio agroindustrial, forestal o minero-extractivo, bajo la lógica del capitalismo inclusivo.

De paso, promoviendo Zonas de Reserva Campesina, Afros y Resguardos Indígenas, en tierras reclamadas por cada uno de los colectivos para sí mismos, incentiva la creación de conflictos interétnicos por la titularidad de la tierra.

La perversidad del giro de la política de Santos, no sólo reside en la apuesta por un modelo de crecimiento económico que únicamente beneficia a unos pocos, también mantiene intactas las estructuras narcoparamilitares tradicionales.