Paz en Colombia

TERMINAR LA GUERRA PARA HACER NUEVO PAIS:

UNA TAREA DE COLOMBIA ENTERA

1.  Saludamos con optimismo los Diálogos de Paz y la firma de una Agenda para la negociación entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, con el objetivo de dar fin al conflicto armado interno.Asimismo, entendemos que el anuncio del ELN de vincularse a  un proceso amplio y multilateral de paz,  aumentan las posibilidades de terminar la cruenta guerra que ya se acerca a medio siglo de existencia. Se reafirman los argumentos  que insisten en que la Solución dialogada y negociada del conflicto se impone a los intentos dolorosos de salidas militaristas.

2.  La naturaleza del conflicto colombiano determina que sea la sociedad civil, constructora de país desde diversos procesos sociales y además víctima directa del conflicto, quien juegue un papel protagónico en este escenario. Los teman que forman parte de la agenda pactada reclaman establecer unos mecanismos que permitan expresar, argumentar y decidir a la sociedad sobre ellos. Permitir que las aspiraciones de la sociedad se manifiesten en el marco de las negociaciones,es otorgarle una verdadera legitimidad al proceso y sienta las bases para una paz sostenible.

 3.  Apoyamos la decisión del Gobierno y la Insurgencia de no levantarse de la mesa de diálogo hasta llegar a un acuerdo definitivo construido con la participación activa de la sociedad colombiana. Entendemos que el camino del diálogo y la negociación va estar plagado de dificultades y provocaciones. Las organizaciones sociales y políticas deseamos que las partes pacten en el menos tiempo posible un cese bilateral de hostilidades de tal forma que facilite las negociaciones y cierre posibilidades a quienes tienen interés en torpedear el proceso apoyándose en la continuidad del conflicto.

 4.  Los sectores sociales y populares asumimos la responsabilidad que nos corresponde para aportar a que el proceso emprendido entre el Gobierno y la Insurgencia llegue a feliz puerto. Por eso quienes suscribimos el presente comunicado hacemos extensivo a toda la sociedad el llamado a construir una RUTA SOCIAL COMUN PARA LA PAZ, que articule las distintas iniciativas que como el Congreso Nacional para la Paz, las Constituyentes Populares por la paz, la Semana Por la paz y el Congreso de Universidades por la paz, entre otras, hagan posible la construcción de un movimiento social por la paz, que no permita una vuelta atrás y que garantice que al centro de las solución política del conflicto estén las aspiraciones del pueblo colombiano.

 5.  En el entendido que el escenario natural de los movimientos sociales es la movilización ciudadana, convocamos a acompañar la formalización de la mesa de negociacióncon una GRAN JORNADA NACIONALen la que instalemos en el país un amplio diálogo social el próximo 5 de octubre, donde millones de colombianas y colombianos digamos de forma contundente: Colombia está por la paz, y ésta transita porimportantes cambios políticos y socio-económicos en nuestro ordenamiento como nación.

Bogotá, septiembre 3 de 2012

RUTA SOCIAL COMÚN PARA LA PAZ

Congreso de los Pueblos, Minga Social y Comunitaria, Colombianos y Colombianas por la Paz, Comosoc, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Luterana, Redepaz-Semana por la Paz, Red Universitaria por la Paz, Partido Comunista Colombiano, Poder y Unidad Popular, Fuerza Común, Movimiento por los Derechos del Pueblo, Asociación de Cabildos del Norte del Cauca-ACIN, Asociación Minga, Unión Sindical Obrera, Ruta Pacifica de las Mujeres, Corporación Humanas,  Casa de la Mujer, Periódico Desde abajo, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Ensayos, PCS, Asociación Nomadesc, Coordinador Nacional Agrario –CNA, Colectivo de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia, Paz con Dignidad, Proyecto Puentes para la Paz, Iglesia Menonita/Justapaz,Espacio regional de paz del Cauca, Comunitar, CIMA, Movimiento Campesino de Cajibio, Iapes-Ofb, Centro de Promoción y Cultura, Instituto Nacional Sindical, Corporación Colombiana de Teatro, CISCA, Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, Comité de Mujeres Corteras de Caña, Sintraunicol, Providas, Mujeres de los asentamientos Brisas de Navarro y Brisas de  Córdoba, Grupo de Mujeres de Triana, Memoria y Palabra, Proceso Nacional Identidad Estudiantil,…

Tensiones entre modelos de desarrollo en los procesos de construcción de los Marco de Asociación País (MAP): el caso de Colombia.

¿Qué es el MAP?

El Marco de Asociación País (MAP) se constituye como el instrumento base de relación entre los estados receptores de ayuda al desarrollo y el estado español. En esencia se trata de la formalización de un acuerdo interestatal, en el que se recogen las principales líneas estratégicas y el contenido específico de las políticas de desarrollo que la Cooperación Española implementaría a lo largo de los siguientes años.

Este instrumento, promovido por el III Plan Director de la Cooperación, busca profundizar y orientar de manera más eficaz y eficiente la política de desarrollo concreta a implementar en los estados receptores, siendo su contenido director y definidor de las políticas a seguir por las ONGDs que se financien con los fondos puestos a disposición por la AECID.

Metodológicamente, el proceso de construcción del MAP, parte de un análisis previo a modo diagnóstico de la situación, que es elaborado por la propia OTC. Con base en éste, se conforma una Nota Concepto que recoge la primera propuesta de contenido del MAP. Esta nota concepto, tras ser supervisada y validada por la DGPOLDE, es sometida a debate tanto con la sociedad civil del país receptor, las instancias de la administración y las estructuras de gobierno pertinentes, como con el resto de actores definidos por la cooperación española.

Con la presentación de dicha nota concepto y la conformación del grupo estable de coordinación (integrado por una representación de ONGDs españolas, cooperación descentralizada, representación empresarial, la OTC y la Embajada) se pone en marcha la primera fase de debate, que concluye con el documento estratégico de contenidos de Cooperación, que servirá de base para la firma con el Gobierno del país receptor.

Tensiones no resueltas en el proceso de construcción del MAP España - Colombia. La conveniente alineación de la Cooperación española a las políticas del Presidente Santos.

El fondo político y estratégico del MAP Colombia, no ha sido sometido a reflexión colectiva. El mandato MAP, que obliga alinear las políticas de la Cooperación a las estrategias de desarrollo del país receptor, ha sido sistemáticamente interpretado como un sometimiento a las apuestas gubernamentales reunidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). La incoherencia, se encuentra instalada en el seno de un proceso oficialmente destinado a que las decisiones estratégicas se constituyan como el producto de un debate colectivo basado en el diálogo con todos los actores, siendo la práctica con la que se ejecuta dicho proceso, fundamentalmente orientada a recabar respaldos a lo definido previamente, en consonancia con las posturas oficiales del gobierno receptor y emisor de ayuda.

La apuesta por parte de la Cooperación Española por un Sector clave para Colombia llamado "Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza", es un claro ejemplo. La inclusión de este sector como parte del MAP fue duramente criticada por parte de numerosas ONGDs, dado el acento marcadamente economicista del mismo, y lo contradictorio de apostar por el crecimiento económico en un país cuyo incremento del PIB anual es superior al 5%, siendo por detrás de Haití, el país más desigual de América Latina, con una de las más enconadas tasas de concentración de la tierra en pocas manos.

En dicho contexto, sin embargo, el MAP España - Colombia, se decanta por el fortalecimiento de una política de cooperación orientada a impulsar la creación de pequeñas o medianas empresas y la competitividad, por encima de políticas destinadas a fomentar la redistribución fiscal o la Soberanía Alimentaria de las comunidades, como se reclama desde la sociedad civil colombiana (por ejemplo, en el Congreso Nacional de Tierras Territorios y Soberanías celebrado recientemente y que reunió a 15.000 delegados de diferentes movimientos sociales populares, sectoriales de toda Colombia).

El apoyo de la Cooperación Española a las estrategias neoliberales del Presidente Santos, se refleja en un borrador MAP, que toma como orientador al PND, y apoya las Leyes de Tierras y Víctimas, así como a los procesos de Desmovilización Desarme y Reconciliación (DDR) para paramilitares, Justicia Transicional, e incluso la propuesta de Desarrollo Rural recientemente presentada. Herramientas todas ellas básicas en la estrategia del ejecutivo colombiano mediante la cual lavar su imagen internacional, restituyendo 2 millones de ha. de tierras y reparando a parte de las víctimas del conflicto armado, con el objetivo de atraer mayor Inversión Extranjera Directa en materia agroindustrial exportadora, extractiva minero-energética, y macroproyectos de infraestructuras de comunicación.

El incondicional apoyo a estas iniciativas, corre el peligro de legitimar el despojo de tierras, profundizar en las aberrantes cifras de impunidad, y contribuir a la expansión de un modelo de desarrollo economicista basado en la maximización de los beneficios, la expansión y acumulación de capitales y la explotación de los recursos humanos y ambientales, generador de más inequidad social, violación de DDHH y desplazamiento. En esencia, dados los siguientes motivos:

1. El respaldo al PND, la Ley de Tierras y la propuesta de Desarrollo Rural, supone apoyar un modelo de restitución de títulos de tierras que en la práctica, obliga al restituido a vincularse a los proyectos agroindustriales instalados ilegal e ilegítimamente en dichas tierras, violentando su derecho al libre uso y disfrute, formalizando de esta manera la legalización del despojo, y contribuyendo a la proletarización del campesinado.

2. El apoyo explícito dentro del MAP a programas de DDR y Justicia transicional ha sido un asunto fuertemente criticado por parte del colectivo de ONGDs españolas, en repetidas ocasiones, y de manera unánime. Sendas iniciativas heredadas del Gobierno de Uribe, no han sido fruto de un genuino proceso de construcción y negociación para la paz y no han estado dirigidas a garantizar la justicia, la verdad y la reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. De hecho, estos procesos, han contribuido a agudizar la crisis de DDHH de Colombia y la impunidad reinante, como lo demuestra el hecho de que las estructuras paramilitares no sólo continúan activas en la actualidad, sino que incluso han multiplicado su número y presencia en el territorio colombiano; así como que al amparo de la Ley de Justicia y Paz, únicamente han sido dictadas 4 sentencias en 6 años de vigencia, de las cuáles sólo una de ellas lo es en firme.

3. La apuesta dentro del MAP Colombia - España por el fomento de Alianzas Público-Privadas (APP) y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), supone en la práctica, un enorme riesgo para la población más vulnerable y el reconocimiento de sus derechos.

Por un lado, por ejemplo, a través de la mercantilización del Agua que se concreta mediante la alineación con los Planes Departamentales de Agua (PDA) propuestos por el Gobierno colombiano, y que implica la privatización del servicio, abriendo de paso la puerta a empresas españolas para la prestación del mismo vía APP, desconociendo la gestión de acueductos comunitarios y vulnerando el derecho fundamental al Agua[1].

Por otro lado, explicitando un apoyo a la Responsabilidad Social Corporativa desde un modelo de crecimiento inclusivo[2], que considera "la iniciativa empresarial el mecanismo fundamental para hacer a la población pobre partícipe en la generación de riqueza y de empleos mediante la actividad económica"[3], y que en última instancia, no sólo no combate de raíz la causa de las injusticias, atropellos y desigualdades sociales del sistema neoliberal, sino que además, profundiza en las mismas, ¡otorgando un espacio en la definición de las políticas de cooperación a las propias causantes de muchas de dichas desigualdades, injusticias y atropellos!: ¿acaso en Colombia, no se ha podido constatar que las transnacionales han violado y siguen violando los Derechos Humanos, desplazando comunidades de sus territorios, han contribuido al incremento de los conflictos sociales con las comunidades afro, indígenas y campesinas, han vulnerado el principio de consulta previa contraviniendo la ley colombiana y sus acciones han tenido y siguen teniendo un impacto irreversible sobre el medio ambiente, han desconocido los derechos de los trabajadores al prohibir implícita o explícitamente la sindicalización, han contribuido y siguen contribuyendo a la precarización de los Derechos Laborales mediante el uso de la contratación terciarizada, han incrementado las tarifas de los servicios públicos que gestionan, contribuyendo al incremento de la inequidad, han puesto en peligro y continúan poniendo en peligro los Derechos Humanos al presionar e incluso forzar la privatización de sectores estratégicos para los estados y sus pobladores, como es el caso del sector energético o el agua?

La apuesta por un modelo innegociable, jerárquico e impuesto de desarrollo inclusivo, choca frontalmente con la consideración de un Tercer Sector como espacio alternativo a la lógica del mercado libre a ultranza, ajeno a la maximización del beneficio y al retorno de las inversiones, sin ánimo de lucro. Comprometido en la causa de forjar activa y participativamente un proceso de construcción de un marco de acción política, económica y social capaz de fomentar la potenciación de las necesidades humanas de manera integral y holística. Capaz de aportar fórmulas convivenciales a escala micro, meso y macro, cuya implementación signifique la atención de las necesidades humanas de manera recursiva e igualitaria para tod@s.

La tensión latente en el proceso de construcción del MAP Colombia - España (y en general de todos los procesos MAP anteriores), responde a la lucha existente entre modelos de desarrollo incompatibles. Una política de Cooperación al Desarrollo que potencie un espacio de reflexión y acción por otro mundo posible, necesario e imprescindible, dispuesto a denunciar los abusos de los unos sobre los otros, dispuesto a dotar de fortaleza y visibilidad a los débiles en su lucha contra aquellos que vulneran sus derechos, y dispuesto a trabajar por un futuro que beneficie a tod@s y no sólo a unos pocos, choca frontalmente contra un modelo de desarrollo vinculado al crecimiento económico, la mercantilización del agua, y el apoyo implícito a las lógicas de maximización de beneficios, acumulación y expansión de capitales, camufladas en estrategias de Responsabilidad Social Corporativa y Alianzas Público Privadas.

La propia incorporación como actores de desarrollo en los procesos de definición del MAP, de las empresas españolas, la Cámara de Comercio u otras instancias con ánimo de lucro e intereses irrenunciables, implica la incorporación de actores y toma en consideración de posturas contrarias a las políticas de desarrollo a escala Humana[4] y sin ánimo de lucro que debería defender la Cooperación española, y que numerosas ONGDs entendemos como guía de nuestro accionar.

Por ello, a pesar de la realización de numerosas reuniones sectoriales nacionales e incluso regionales promovidas por la OTC para dotar de contenido al MAP, lo cierto es que éste, dista mucho de ser resultado de un proceso de deliberación colectivo. El resutado actual del MAP, pese a las buenas voluntades de la OTC, no obedece a planteamientos emancipatorios, equitativos y redistributivos de la riqueza, sino todo lo contrario.

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[1] Si bien la OTC, ante las propuestas realizadas por PcD y la Sociedad Civil colombiana, ha habilitado una línea concreta de apoyo (aún por definir) a las prácticas participativas comunitarias de gestión integral de cuencas hidrográficas.

[2] Basado en las consideraciones del capitalismo inclusivo inspiradas por Prahalad, (2005). "La fortuna en la base de la pirámide: Cómo crear una vida digna y aumentar las opciones mediante el mercado", 2005. Granica, Barcelona.

[3] Según puede observarse en los FAQ de la Web del Ministerio de Asuntos Exteriores: http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/Documents/2010_FAQ1_MAP.pdf y http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/Documents/2010_FAQ2_MAP.pdf

[4] MAX NEEF: "desarrollo a escala humana", 1994. icaria. Barcelona.

Tierras en Colombia, el giro de la política del gobierno Santos.

El giro que plantea la política del gabinete Santos, que tanta legitimidad internacional le está reportando gracias al desarrollo de las Leyes de Víctimas y de Restitución de Tierras, responde a la intención de multiplicar la Inversión Extranjera Directa en negocios "legales y legítimos" asociados a la industria minera extractiva, la industria forestal y la agroindustrial.

Para ello, el ejecutivo ha diseñado un ambicioso plan de incentivos económicos, reformas institucionales y de carácter jurídico, incluyendo en este apartado las arriba mencionadas leyes, junto a la firma de Tratados de Libre Comercio para la protección y promoción de la inversión.

Las sistemáticas revisiones del Estatuto de Inversión Extranjera de 1990 han facilitado al ejecutivo la creación de la cláusula de igualdad respecto a las inversiones nacionales, así como la inclusión de figuras legales tales como el "trato de nación más favorecida", por el cual un país firmante de unas determinadas condiciones se podría beneficiar de las mejoras reflejadas en la firma de otro acuerdo con una nación diferente; amén de las portentosas desgravaciones fiscales que se han mantenido e intensificado para los grandes capitales.

Junto a estas fórmulas de incentivo económico, el gobierno Santos ha promovido el fortalecimiento de un marco jurídico al servicio de las inversiones extranjeras, promoviendo nuevas leyes y firmando TLCs, que comprometen al estado colombiano a garantizar la seguridad de las inversiones, incluso militarmente. No en vano, fuentes del ministerio de defensa, reconocen que alrededor de un 30% de militares se encuentran destinados al cuidado de las IED. Y ello, sin desconocer la existencia de ejércitos propios de transnacionales, a menudo, vinculados a organizaciones paramilitares.

Este desarrollo normativo se institucionaliza con la creación o/y promoción de diferentes Agencias Nacionales, dependientes directamente de Presidencia y sin presencia alguna del poder legislativo o la participación de la sociedad civil.

El marco de promoción de la IED, en el que se plantea aumentar las zonas de explotación agroindustrial y forestal a 12 millones de Ha., la explotación petrolífera a 38 millones y la minera a 11 millones, requiere un nuevo ordenamiento territorial bajo la perspectiva de la acumulación del capital que hace imprescindible aclarar los derechos de propiedad para legalizar y legitimar este modelo de desarrollo basado en la reprimarización financiarizada de la economía colombiana.

El ingreso a los flujos financieros globales promoviendo la entrada de capitales de empresas transnacionales a Colombia, incentivando el movimiento en el mercado de las tierras, e incluso favoreciendo las dinámicas especulativas en torno a los valores en bolsa de las distintas corporaciones (gracias a los mercados de futuro por la obtención y la puesta en juego de los títulos de explotación de recursos) implica, necesariamente, construir un escenario legal, capitalista, neoliberal, legítimo. Un escenario diferente al estado parapolítico y caciquil propuesto por el antecesor de Santos, aunque igualmente injusto y tenebroso.

En dicho marco deben leerse los anuncios de las Leyes de Restitución de Tierras y Víctimas, así como la futura Ley Agraria y de Desarrollo Rural que se encuentra en debate en el seno del gobierno en estos momentos, y que plantea la creación de un Consejo Nacional de Tierras, dependiente directamente de Presidencia y responsable del ordenamiento de usos del suelo rural. Es decir, de la definición del espacio y la propiedad del mismo: la decisión unilateral de a quiénes, cuánto y en qué condiciones se restituirá la tierra, atendiendo a las necesidades de los inversionistas en primera instancia (pues ahora la Ley así lo establece). Y para muestra, un botón:

La distinción que se establece entre titularidad de la propiedad de la tierra y derecho de superficie, en última instancia permite el disfrute, por parte del superficiario, del usufructo de la tierra pese a no poseerla, obligando al titular de ésta a someterse al negocio rural que el titular del derecho de superficie posea.

Este cambio de rumbo en la política de desarrollo rural tiene sus consecuencias directas en el modo de abordar el tema de las Zonas de Reservas Campesinas, las zonas Afros o los Resguardos Indígenas. Mientras que Uribe era completamente contrario a promocionar Zonas de Reserva Campesina, Santos promueve estas fórmulas, habiendo dejado atado anteriormente el marco institucional y normativo que posibilitará legalizar y legitimar el despojo: haciendo uso a su vez de una estrategia de cooptación de las organizaciones de base y titulares de la propiedad de la tierra, reconvirtiendo a estos pequeños propietarios en socios o trabajadores del consorcio agroindustrial, forestal o minero-extractivo, bajo la lógica del capitalismo inclusivo.

De paso, promoviendo Zonas de Reserva Campesina, Afros y Resguardos Indígenas, en tierras reclamadas por cada uno de los colectivos para sí mismos, incentiva la creación de conflictos interétnicos por la titularidad de la tierra.

La perversidad del giro de la política de Santos, no sólo reside en la apuesta por un modelo de crecimiento económico que únicamente beneficia a unos pocos, también mantiene intactas las estructuras narcoparamilitares tradicionales.

Caso Honduras. Carta abierta a la Defensora del Lector, Pablo Ordaz y Director de El País.

Numerosos son los comentarios de internautas que no se publican en los diferentes artículos firmados por Pablo Ordaz, aún compliendo con todas las normativas pertinenetes para que sean publicados, entre ellos los míos. En cualquier caso, de vez en cuando, también parecen filtrarse algunos que poenen el acento precisamente en el argumento de fondo de la presente comunicación: la absoluta parcialidad del enviado especial a Honduras, Pablo Ordaz, quién no sólamente está saltándose a la torera los principios de estilo que EL PAÍS mantiene (o dice mantener), respecto de la comprobación de las fuentes y la posiblidad de contrastar la infromación antes de ser ésta publicada, sino que, además, se deja llevar por un tono burlesco, nauseabundo y profundamente contrario a los principios éticos de cualquier publicación alejada del panfletismo.

En sus últimos reportajes, parece burlarse de la suerte del actual presidente de Honduras, por llevar numerosa escolta a un desfile de moda, siendo consciente el periodista, pues de lo contrario no merecería dicho título, que sólo semanas atrás había sido asesinado un sobrino suyo; o, utilizando un estilo demagogo y panfletario, termiar el artículo titulado "Tegucigalpa, sin esperanza" con un intento de ironía fina más cercano al de un director de márqueting evangelista, que propio de un reputado periodista de un diário igualmente reputado, que dice así:

"La historia de Ángel David es una más de cientos de casos dramáticos. Según Unicef, "1.600 niños hondureños menores de cinco años han muerto desde el 28 de junio de 2009, a razón de 13 niños al día". La desnutrición y la pésima atención sanitaria ante epidemias como la del dengue hemorrágico son algunas de las causas. Cada día, unos 60 niños ingresan en el hospital de Tegucigalpa aquejados de esta enfermedad. Pero no hay modo de atenderlos por falta de medios. Todo ello en medio de una ola de violencia que deja 14 muertos diarios y un sinfín de detenciones ilegales. Es verdad que la vida en Honduras no era buena antes del golpe, pero ahora es peor. ¿Verdad, Ángel David?"

Si de lo que se trataba era de relacionar la muerte por pobreza, precariedad y violencia con el golpe de estado, mejor hubiera sido decir directamente que detrás de estas epidemias se encontraba la mano de Michelletti, que buscaba desestabilizar a los legionarios zelayistas difundiendo enfermedades e impidiendo la atención sanitaria. Ya puestos a jugar a la demagogia y la desinformación, taza y media. Nótese cómo está estructurado el párrafo, relacionando el 28 de junio con epidemias de dengue y la falta de medios en los hospitales... como si antes del 28 de junio las estadísticas del país no reflejaran su posición como el segundo país más pobre de América Latina y uno de los más violentos. Sólo necesitó tres meses el dictador para acabar con el pueblo hondureño podría haber sido un más digno final de su escandaloso artículo. ¿Verdad Pablo Ordaz?

Puestos a hablar de estadísitcas, bien cabría mencionar cómo en los últimos 3 años, coincidentes con el mandato de Zelaya, se multiplicaron escandalosamente las cifras de muertes relacionadas con el narcotráfico o las apariciones de narcoavionetas en territorio hondureño, o los secuestros de todo tipo. Claros indicadores del aumento de la delincuencia mafiosa por el asentamiento de nuevas rutas de narcotraficantes en la zona. ¿Favorecidas por gobiernos corrputos?. Si fuera Pablo Ordaz un intrépido periodista digno de El País, probablemente trataría de arrojar algo de luz sobre dichas estadísticas, incluso a sabiendas de que la vida le iba en ello, como le fue a Bernardo Rivera, secuestrado y asesinado a manos de no se sabe quién cuando investigaba sobre narcotráfico. Porque la situación en Honduras antes del 28 de Junio era tan precaria y peligrosa para los amantes de la democracia y el Estado de Derecho como lo es ahora, porque el problema de fondo no tiene que ver con la famosa crisis polítca, pues ésta no es más que la consecuencia odiosa del irrespeto y la falta de poder del actual sistema político hondureño en su conjunto.

¿Porqué Pablo ordaz no habla en sus reportajes del asesinato del hermano de Calleja, el ex Presidente de la República hace 2 días?, ¿Porqué EL País no ha publicado siquiera una mísera nota al respecto?, ¿Porqué no se habla del ametrallamiento de la furgoneta del Fiscal General de Estado?, ¿porqué no se hablan de las bombas caseras que estallan en Honduras?, ¿porqué no se escribe sobre quién o qué grupos de poder están detras de estas manifestaciones violentas y alejadas del acuerdo suscrito entre Melistas y Micheletistas?, ¿porqué no se mencionan los constantes y aberrantes desacatos a la legalidad del depuesto Zelaya, o su falta de cumplimiento del acuerdo Tegucigalpa-San josé?

¿Qué le pasa a EL País?, ¿ha perdido el rumbo?