El pueblo indígena no es un bando, ni mucho menos un actor armado como
algunos insinúan. Es una víctima más del eterno conflicto social y armado
colombiano.
Los acontecimientos ocurridos
recientemente en el departamento del Cauca, y más concretamente, en el
territorio indígena que comprende los Cabildos Indígenas del Norte del Cacua,
no constituyen un levantamiento popular insurgente, armado ni violento. Las
acciones civiles indígenas, recogiendo la doctrina gandhiana de la Satyagraha
(noviolencia), han servido para evidenciar,
una vez más, que los impactos de la guerra impiden a los pueblos del mundo
practicar su legítimo derecho al desarrollo.
Tras años de duros
enfrentamientos armados entre insurgencia y fuerza pública, la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el Consejo Regional Indígena,
decidieron emprender acciones de hecho pacíficas para armonizar el territorio.
La última y más mediática de estas acciones ocurrió a finales del pasado mes de
Julio, cuando la guardia indígena -manifestación del poder civil de los
indígenas- recorrió el territorio Nasa de los Cabildos del Norte del Cauca
hasta llegar al sitio sagrado del cerro de Berlín, donde un batallón de alta
montaña perteneciente a la Fuerza Pública colombiana había instalado una base
de operaciones para el control militar del territorio. Al resistirse los
soldados llamados a abandonar dicha posición -dado que su presencia contribuía
a desarmonizar el territorio indígena a la par que a incrementar la inseguridad
de los pobladores civiles de la zona-, se produjo un maravilloso hecho insólito
de paz: la guardia indígena procedió al traslado de la base militar y de los
soldados allí concentrados, pacíficamente, levantando a peso tanto los sacos de
arena y tierra que conformaban las trincheras, como a los propios soldados que
conformaban el batallón. Las lágrimas del sargento al mando de la base
recorrieron las portadas del mundo entero. Lo que contradictoriamente no hizo
la amenaza de activación de una granada por parte de uno de los soldados o los
disparos de otros, cuando se vieron amenazados por las armas de construcción
masiva de paz de la guardia indígena: los bastones de mando, símbolo de respeto,
autoridad, poder y legitimidad social.
La superioridad moral del
acto de armonización territorial mediante el cual fueron invitados a abandonar
el territorio indígena los diferentes actores armados que en él se daban cita,
tuvo enorme impacto mediático. Desgraciadamente, más para desprestigiar,
calumniar e incluso amenazar veladamente a los promotores de dicho acto, que
para alabar la valentía y el compromiso por la paz del pueblo indígena; en un
perverso juego que prentendía colocar a éstos como aliados de las FARC a
sabiendas de que: a) no sólo fueron invitados a abandonar el territorio los
batallones del ejército, sino también los insurgentes de las FARC-EP, siendo
incluso 4 de ellos capturados y juzgados según la tradición del Nassa Us
–reconocida legalmente en el texto constitucional de 1991-, así como incautado
material de guerra a la guerrilla y destruido públicamente según sentencia del
mismo juicio; y, b) que los actos de armonización del territorio indígena fueron
a todas luces pacíficos, liderados por la guardia indígena con el único apoyo
de su bastón de mando y la dignidad de un pueblo históricamente avasallado. Actos
realizados con el objetivo de detener una guerra que dificulta hasta la
imposibilidad el desarrollo de los Planes de Vida Digna
construidos participadamente por las comunidades indígenas.
Es necesario, dadas las
circunstancias, recordar que la sociedad civil no es un actor de guerra. Las
acciones de los indígenas no son constitutivas de rebelión o motín violento
alguno, sino de una contundente declaración de paz en forma de acción
noviolenta que contribuye a la construcción de paz. La Comunidad Internacional
no debería declararse neutra ante esta situación argumentando que la sociedad
civil es un bando en conflicto con el Estado, sino por el contrario, apoyar
decididamente las acciones de paz que los pobladores civiles implementan. Comprometiéndose,
ni más ni menos, que con la legalidad internacional vigente en forma de
exigencia de cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos
Humanos. Pues no es la población civil, sino la fuerza pública y la insurgencia,
quienes incumplen DIH y violan DDHH sistemáticamente en el Cauca (y en el resto
del país). Por ejemplo, al situar batallones dentro de zonas pobladas, en
colegios, en plazas de mercado, o incluso, dentro de las casas habitadas por
civiles, o al propiciar el reclutamiento de niños, seducir a la participación
en la guerra mediante la conformación de redes de informantes, o al colocar minas
antipersona en los cultivos y caminos rurales, o al disparar armamento no
convencional y de impactos indiscriminados en zonas pobladas, etc.
Huelga decir que son dichas acciones, todas
ellas ilegales, las que impactan en la convivencia cotidiana de los pobladores
de los territorios, impidiendo el desarrollo de sus potencialidades humanas; y,
por tanto, del legítimo derecho a su desarrollo como pueblo. Porque no es la
población civil sino una víctima de un conflicto social, político y armado que
en los últimos 50 años sólo ha contribuido a que aumenten las inequidades en
Colombia, los desplazamientos y el despojo de tierras, así como de manera
directa o indirecta, a que cristalice el negocio del narcotráfico o se instalen
con mayor facilidad las grandes transnacionales que arrasan las materias primas.
Ante esta situación, no
es de recibo la tibia posición que la mayor parte de la Comunidad Internacional
ha adoptado hasta la fecha. Pues, si bien el último informe del G-24 constata
las infracciones al DIH que los actores armados ilegales y la fuerza pública
cometen a diario, así como reconoce a la sociedad civil como actor en medio de
la confrotación armada y el carácter pacífico y de autoprotección de la Guardia
Indígena o los Sitios de Asamblea Permanente (zonas de refugio en caso de
combate donde se concentra la población civil), incluso apuntando que “la
minería es el fenómeno actual que más afecta la vida de las comunidades”, el
informe, únicamente recomienda mantener o fortalecer los canales y protocolos
habilitados para realizar las denuncias pertinentes o transmitir las
inquietudes de la población a la Comunidad Internacional. No se hace llamado
público a las Fuerzas Armadas (aunque sí a la guerrilla de las FARC), ni se
toman medidas políticas… Por tanto, vale decir que la Comunidad Internacional
se declara incompetente. Incompetente, pero plenamente facultada para continuar
firmando acuerdos de entrada de capital transnacional, o, peor aún, la venta de
armamento a la fuerza pública colombiana. Fuerza pública que participa,
inequívoca y directamente -tal y como se constata en el mismo informe-, en el
conflicto armado.
En este sentido, es
pertinente recordar que el volumen del negocio armamentístico de España alcanzó un récord
histórico en 2009, ascendiendo a 1.346,52 millones de euros, lo que supuso un
incremento sin parangón del 44,1% respecto a 2008. Espectacular incremento que contrastó
con la caída del 16% que sufrieron las exportaciones de mercancías españolas en
2009, y supuso que, por vez primera, uno de cada 10 euros de productos
españoles vendidos en el extranjero correspondiera a armamento y equipos
militares.
Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, Colombia se ha colocado
en el puesto 14 del ránking de socios comerciales españoles en armamento
militar, siendo el primero de los socios comerciales de los países en guerra
abierta. Un aberrante negocio que contribuye directamente a que la rueda de la
guerra, el despojo y la muerte continúe su macabro rodaje aplastando a los pueblos
y territorios colombianos. Sin duda, un curiosa forma de entender la paz por
parte del Estado español.
Tabla 1: Exportaciones españolas
de material de defensa
Exportaciones españolas de
material de defensa
(en millones de Euros
corrientes)
|
|
Países destinatarios
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2001-2010
|
.
|
1
|
Noruega
|
266367.963
|
265691.484
|
281288.787
|
5146.167
|
1,093,643.27
|
.
|
2
|
Reino Unido
|
93157.319
|
95534.574
|
121955.088
|
121616.588
|
932,378.11
|
.
|
3
|
Alemania
|
82701.922
|
169371.608
|
160216.289
|
106009.338
|
888,735.77
|
.
|
4
|
Italia
|
47084.236
|
62319.518
|
70832.532
|
71899.797
|
555,755.17
|
.
|
5
|
Malasia
|
152939.032
|
|
180525.759
|
27.354
|
338,352.73
|
.
|
6
|
Brasil
|
79913.479
|
63446.394
|
46961.903
|
14867.468
|
281,471.21
|
.
|
7
|
EEUU
|
38343.102
|
22375.963
|
55400.726
|
75172.930
|
267,974.03
|
.
|
8
|
Venezuela
|
4290.126
|
111.450
|
|
212.000
|
227,528.44
|
.
|
9
|
Marruecos
|
11133.800
|
113900.26
|
31118.343
|
2511.998
|
223,778.59
|
.
|
10
|
Chile
|
2308.350
|
710.719
|
3477.961
|
24125.299
|
213,134.13
|
.
|
11
|
Polonia
|
32520.534
|
1575.992
|
1762.583
|
1126.364
|
207,743.52
|
.
|
12
|
México
|
14.000
|
108.111
|
43782.215
|
132716.654
|
177,506.28
|
.
|
13
|
Portugal
|
234.569
|
4535.858
|
105880.747
|
43963.232
|
171,604.65
|
.
|
14
|
Colombia
|
16022.448
|
31137.527
|
33311.960
|
29128.886
|
122,729.06
|
Fuente: elaboración propia sobre
datos del Centre d’estudis per la Pau, JMDELÀS (http://www.centredelas.org)
En total, desde 2001 y hasta 2011, España ha vendido armamento militar por
valor de más de 200.000.000 de Euros a Colombia, teniendo en cuenta las cifras
de ventas de municiones y aeronaves militares del primer semestre de 2011.
Mientras que la venta de armamento militar a Colombia no cesa, pese a la
declarada “neutralidad” española en el conflicto interno colombiano o su
trabajo por la paz en el recientemente aprobado Marco de Asociación País
España-Colombia, la reducción del presupeusto destinado a Cooperación al
Desarrollo es drástica. Si durante 2008, las cifras ascendían a poco más de 60
millones, en 2009, dicha cifra no alcanzó los 55 millones, mientras que en el
último ejercicio presupuestario del que se tienen cifras, se reduce a cerca de la
mitad.
La argumentada neutralidad de
la política exterior española en torno al conflicto colombiano y su
contribución a la paz no sólo queda en entredicho dada la abominable venta de
material bélico, sino también cuando desde diferentes instancias tales como la Cámara
de Comercio, la propia Embajada o la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo, se apoya a las transnacionales españolas en su
entrada al país, vía lobby o vía RSC, a sabiendas de que éstas, han estado (y
algunas parecen seguir estando) involucradas en acciones dudosamente legales,
como lo fue el despojo de las comunidades situadas en los márgenes del rió Cauca
que Unión Fenosa contribuyó a cometer con la construcción de la repesa de la
Salvajina, o Repsol en diversas comunidades de Arauca.
Por no hablar del sistemático deterioro del mercado laboral que implica la
contratación terciarizada tan extendida entre las empresas transnacionales
españolas afincadas en Colombia.
El enconamiento que vive el
conflicto armado en el Cauca requiere de la Comunidad Internacional una
enérgica acción política en defensa de la población civil y el respeto del DIH.
La tímida respuesta emitida no contribuye a defender a las miles de personas
que diáriamente sufren los impactos de la guerra en sus territorios, pues, al
evitar ejercer una veeduría internacinal contundente, se contribuye directamente
a aumentar los riesgos de dicha población, facilitando el ingreso de actores
paramilitares en la zona. Asunto recurrente en la historia colombiana. El stop
a la venta de armamento a Colombia, y una decidida veeduría internacional,
acompañamiento y acción política en defensa del DIH se constituyen hoy como
políticas concretas de imprescindible implementación si realmente se aboga por
la paz como se dice abogar por ella en los diferentes documentos oficiales que
España –y el resto de Comunidad Internacional- ha suscrito con Colombia.
Adicionalmente, un apoyo
explícito al movimiento civil por la paz, entroncado en la Ruta Común Social
para la Paz, sería de gran valor a la hora de presionar al ejecutivo de Santos
a reconocer como sujeto político de paz a la sociedad civil. La Comunidad Internacional
podría jugar un papel más relevante para favorecer la participación del
movimiento popular de manera activa en las negociaciones entre el Estado y la
insurgencia que se abren camino a partir del 5 de Octubre en Oslo.
