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martes, 27 de noviembre de 2012

Elecciones catalanas: ¿NI pa ti ni pa mi?

Pues no.



Los resultados de las elecciones en Catalunya son clarividentes para quien quiera leerlos. Se reafirma el apoyo al derecho a decidir y el rechazo a las políticas del capital de CIU.

Vayamos por partes:

- La suma de diputados obtenidos por los partidos más o menos soberanistas catalanes (ERC, CUP y CIU) asciende a 74, con más de 1.700.000 votantes, lo que equivale al 47,85% de aquellos que acudieron a las urnas. 

- En el "otro bando", los más o menos nacionalistas españoles, suman 48 diputados con más de 1.200.000 votantes. Un 35%.

Los 500.000 votos de diferencia entre las dos opciones nacionalistas no son moco de pavo. Entre otras cosas porque con 74 diputados, los primeros son Mayoría Absoluta en un Parlamento de 135. Sin embargo, no son esas las cifras más contundentes:

La diferencia entre los nacionalistas catalanes sobre los nacionalistas españolistas pasa de 500.000 a  860.000 votantes, si en lugar de contemplar el eje "Nacionalistas-soberanistas catalanes" Vs. "Nacionalistas españolistas", se contempla el eje "Partidarios del referendo" Vs. "No partidarios del referendo". Un eje, por cierto, al que se le podría sacar mucha más punta. Pues, ¿acaso este eje se podría asimilar al eje "Demócratas" Vs. "No tan demócratas"? -claro que los "no tan demócratas" rápidamente argumentarían que son ellos los demócratas por permanecer dentro de los marcos legales-constitucionales y que más bien son los otros quienes deberían ser catalogados como "no tan demócratas" por situarse en un espacio de reivindicación política de asuntos ilegales, o, más bien alegales. Ahora bien, resulta cuanto menos curioso que la consulta ciudadana, elemento esencial de la democracia representativa de cualquier sistema político democrático, pueda ser catalogada como no democrática de acuerdo con la legalidad vigente que, en teoría, se legitima desde el principio de la democracia misma: que las decisiones se toman atendiendo a las mayorías recogidas en sufragio. Difícil tarea tendrán los estrategas del PSOE para aclarar que su negativa a la práctica del sufragio descansa en no se sabe bien qué tipo de argumentación demócrata. A los del PP hace tiempo que se los conoce y no necesitan justificación alguna. Ellos españolizan legalmente por las buenas, las no tan buenas... o los levantamientos militares, aunque -hasta le fecha- solamente hayan sido amenazas de gente más o menos afín al partido (pues no sería históricamente de recibo endosarles el levantamiento franquista a tan insigne y demócrata partido de los Grandes del Reino de España. ¿O sí? -corramos un estúpido velo).

La cuestión central del "asunto catalán" no se encuentra tanto en la confrontación nacionalista, aunque sea esta la que levante más polvareda, revuelva la bilis de algunos e incite los más oscuros deseos de otros, sino en el debate respecto al derecho a decidir. Y sobre ese derecho a decidir se han pronunciado los catalanes con cristalina claridad: 87 diputados sobre 135 se han manifestado inequívocamente a favor de impulsar la consulta (más de 2.000.000 de votantes). Sólo 48 diputados están en contra... pero... ¿es claro que el PSC se sitúa dentro de los partidos que inequívocamente están en contra de la consulta? asunto de debate interno acalorado y que podría terminar con escisión dentro del partido, e incluso dentro de la cámara. Una cámara con mayoría cualificada de 3/5 en favor a la consulta, y a 3 diputados de los 2/3.

El espectacular trasvase de votos de CIU a ERC da buena cuenta de la "radicalización" del discurso soberanista, y de algo más. Lo primero, y obvio, es que a Mas le salió el tiro por la culata, y el nuevo prócer de la patria no se llamará Artur -aunque, debo reconocer, era un magnífico nombre para un prócer. Lo segundo, es que el trasvase garantiza de algún modo la realización de los movimientos políticos necesarios para desarrollar la consulta. El apoyo de CUP e ICV-EUiA a ésta hará casi imposible que el proceso no llegue a algún lugar (si bien, en efecto, es difícil determinar a dónde). 

Pero además, hay una consecuencia magnífica en los resultados de las elecciones catalanas que sistemáticamente se ha pasado por alto: el rechazo a las políticas de recortes indiscriminados que ha practicado Artur tendrá peso efectivo en el Gobern. Si se repasan las cifras de votantes es válido decir que al menos 1.500.000 de votantes quieren otra política para salir de la crisis. No tengo claro si incluir o no los votos de C's en dicha suma. La virulencia del debate nacionalista ha silenciado el rechazo a las políticas del capital, pero gracias a las cristalizadas posturas respecto a la nación catalana y la soberanía, se hace más que improbable un posible pacto de Gobierno entre CIU y PP. Y esto implica que en Catalunya sea virtualmente imposible mantener las políticas del capital que tanto CIU como el PP han declarado como únicas posibles. ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP tienen peso de sobra (63 diputados frente a los 50 de CIU) para forzar cambios sustanciales en las políticas de Gobierno de la Generalitat. Los catalanes están (o estamos) de enhorabuena.

El conflicto en el territorio indígena del Cauca y la “neutralidad” del Estado español.


El pueblo indígena no es un bando, ni mucho menos un actor armado como algunos insinúan. Es una víctima más del eterno conflicto social y armado colombiano.


Los acontecimientos ocurridos recientemente en el departamento del Cauca, y más concretamente, en el territorio indígena que comprende los Cabildos Indígenas del Norte del Cacua, no constituyen un levantamiento popular insurgente, armado ni violento. Las acciones civiles indígenas, recogiendo la doctrina gandhiana de la Satyagraha (noviolencia), han servido para evidenciar, una vez más, que los impactos de la guerra impiden a los pueblos del mundo practicar su legítimo derecho al desarrollo.

Tras años de duros enfrentamientos armados entre insurgencia y fuerza pública, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el Consejo Regional Indígena, decidieron emprender acciones de hecho pacíficas para armonizar el territorio. La última y más mediática de estas acciones ocurrió a finales del pasado mes de Julio, cuando la guardia indígena -manifestación del poder civil de los indígenas- recorrió el territorio Nasa de los Cabildos del Norte del Cauca hasta llegar al sitio sagrado del cerro de Berlín, donde un batallón de alta montaña perteneciente a la Fuerza Pública colombiana había instalado una base de operaciones para el control militar del territorio. Al resistirse los soldados llamados a abandonar dicha posición -dado que su presencia contribuía a desarmonizar el territorio indígena a la par que a incrementar la inseguridad de los pobladores civiles de la zona-, se produjo un maravilloso hecho insólito de paz: la guardia indígena procedió al traslado de la base militar y de los soldados allí concentrados, pacíficamente, levantando a peso tanto los sacos de arena y tierra que conformaban las trincheras, como a los propios soldados que conformaban el batallón. Las lágrimas del sargento al mando de la base recorrieron las portadas del mundo entero. Lo que contradictoriamente no hizo la amenaza de activación de una granada por parte de uno de los soldados o los disparos de otros, cuando se vieron amenazados por las armas de construcción masiva de paz de la guardia indígena: los bastones de mando, símbolo de respeto, autoridad, poder y legitimidad social[1].

La superioridad moral del acto de armonización territorial mediante el cual fueron invitados a abandonar el territorio indígena los diferentes actores armados que en él se daban cita, tuvo enorme impacto mediático. Desgraciadamente, más para desprestigiar, calumniar e incluso amenazar veladamente a los promotores de dicho acto, que para alabar la valentía y el compromiso por la paz del pueblo indígena; en un perverso juego que prentendía colocar a éstos como aliados de las FARC a sabiendas de que: a) no sólo fueron invitados a abandonar el territorio los batallones del ejército, sino también los insurgentes de las FARC-EP, siendo incluso 4 de ellos capturados y juzgados según la tradición del Nassa Us –reconocida legalmente en el texto constitucional de 1991-, así como incautado material de guerra a la guerrilla y destruido públicamente según sentencia del mismo juicio; y, b) que los actos de armonización del territorio indígena fueron a todas luces pacíficos, liderados por la guardia indígena con el único apoyo de su bastón de mando y la dignidad de un pueblo históricamente avasallado. Actos realizados con el objetivo de detener una guerra que dificulta hasta la imposibilidad el desarrollo de los Planes de Vida Digna[2] construidos participadamente por las comunidades indígenas.

Es necesario, dadas las circunstancias, recordar que la sociedad civil no es un actor de guerra. Las acciones de los indígenas no son constitutivas de rebelión o motín violento alguno, sino de una contundente declaración de paz en forma de acción noviolenta que contribuye a la construcción de paz. La Comunidad Internacional no debería declararse neutra ante esta situación argumentando que la sociedad civil es un bando en conflicto con el Estado, sino por el contrario, apoyar decididamente las acciones de paz que los pobladores civiles implementan. Comprometiéndose, ni más ni menos, que con la legalidad internacional vigente en forma de exigencia de cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Pues no es la población civil, sino la fuerza pública y la insurgencia, quienes incumplen DIH y violan DDHH sistemáticamente en el Cauca (y en el resto del país). Por ejemplo, al situar batallones dentro de zonas pobladas, en colegios, en plazas de mercado, o incluso, dentro de las casas habitadas por civiles, o al propiciar el reclutamiento de niños, seducir a la participación en la guerra mediante la conformación de redes de informantes, o al colocar minas antipersona en los cultivos y caminos rurales, o al disparar armamento no convencional y de impactos indiscriminados en zonas pobladas, etc.

Huelga decir que son dichas acciones, todas ellas ilegales, las que impactan en la convivencia cotidiana de los pobladores de los territorios, impidiendo el desarrollo de sus potencialidades humanas; y, por tanto, del legítimo derecho a su desarrollo como pueblo. Porque no es la población civil sino una víctima de un conflicto social, político y armado que en los últimos 50 años sólo ha contribuido a que aumenten las inequidades en Colombia, los desplazamientos y el despojo de tierras, así como de manera directa o indirecta, a que cristalice el negocio del narcotráfico o se instalen con mayor facilidad las grandes transnacionales que arrasan las materias primas.

Ante esta situación, no es de recibo la tibia posición que la mayor parte de la Comunidad Internacional ha adoptado hasta la fecha. Pues, si bien el último informe del G-24 constata las infracciones al DIH que los actores armados ilegales y la fuerza pública cometen a diario, así como reconoce a la sociedad civil como actor en medio de la confrotación armada y el carácter pacífico y de autoprotección de la Guardia Indígena o los Sitios de Asamblea Permanente (zonas de refugio en caso de combate donde se concentra la población civil), incluso apuntando que “la minería es el fenómeno actual que más afecta la vida de las comunidades”, el informe, únicamente recomienda mantener o fortalecer los canales y protocolos habilitados para realizar las denuncias pertinentes o transmitir las inquietudes de la población a la Comunidad Internacional. No se hace llamado público a las Fuerzas Armadas (aunque sí a la guerrilla de las FARC), ni se toman medidas políticas… Por tanto, vale decir que la Comunidad Internacional se declara incompetente. Incompetente, pero plenamente facultada para continuar firmando acuerdos de entrada de capital transnacional, o, peor aún, la venta de armamento a la fuerza pública colombiana. Fuerza pública que participa, inequívoca y directamente -tal y como se constata en el mismo informe-, en el conflicto armado.
En este sentido, es pertinente recordar que el volumen del negocio armamentístico de España alcanzó un récord histórico en 2009, ascendiendo a 1.346,52 millones de euros, lo que supuso un incremento sin parangón del 44,1% respecto a 2008. Espectacular incremento que contrastó con la caída del 16% que sufrieron las exportaciones de mercancías españolas en 2009, y supuso que, por vez primera, uno de cada 10 euros de productos españoles vendidos en el extranjero correspondiera a armamento y equipos militares[3].
Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, Colombia se ha colocado en el puesto 14 del ránking de socios comerciales españoles en armamento militar, siendo el primero de los socios comerciales de los países en guerra abierta. Un aberrante negocio que contribuye directamente a que la rueda de la guerra, el despojo y la muerte continúe su macabro rodaje aplastando a los pueblos y territorios colombianos. Sin duda, un curiosa forma de entender la paz por parte del Estado español.
  
Tabla 1: Exportaciones españolas de material de defensa
Exportaciones españolas de material de defensa
(en millones de Euros corrientes)

Países destinatarios
2007
2008
2009
2010
2001-2010
.
1
Noruega
266367.963
265691.484
281288.787
5146.167
1,093,643.27
.
2
Reino Unido
93157.319
95534.574
121955.088
121616.588
932,378.11
.
3
Alemania
82701.922
169371.608
160216.289
106009.338
888,735.77
.
4
Italia
47084.236
62319.518
70832.532
71899.797
555,755.17
.
5
Malasia
152939.032

180525.759
27.354
338,352.73
.
6
Brasil
79913.479
63446.394
46961.903
14867.468
281,471.21
.
7
EEUU
38343.102
22375.963
55400.726
75172.930
267,974.03
.
8
Venezuela
4290.126
111.450

212.000
227,528.44
.
9
Marruecos
11133.800
113900.26
31118.343
2511.998
223,778.59
.
10
Chile
2308.350
710.719
3477.961
24125.299
213,134.13
.
11
Polonia
32520.534
1575.992
1762.583
1126.364
207,743.52
.
12
México
14.000
108.111
43782.215
132716.654
177,506.28
.
13
Portugal
234.569
4535.858
105880.747
43963.232
171,604.65
.
14
Colombia
16022.448
31137.527
33311.960
29128.886
122,729.06
Fuente: elaboración propia sobre datos del Centre d’estudis per la Pau, JMDELÀS (http://www.centredelas.org)
En total, desde 2001 y hasta 2011, España ha vendido armamento militar por valor de más de 200.000.000 de Euros a Colombia, teniendo en cuenta las cifras de ventas de municiones y aeronaves militares del primer semestre de 2011[4]. Mientras que la venta de armamento militar a Colombia no cesa, pese a la declarada “neutralidad” española en el conflicto interno colombiano o su trabajo por la paz en el recientemente aprobado Marco de Asociación País España-Colombia, la reducción del presupeusto destinado a Cooperación al Desarrollo es drástica. Si durante 2008, las cifras ascendían a poco más de 60 millones, en 2009, dicha cifra no alcanzó los 55 millones, mientras que en el último ejercicio presupuestario del que se tienen cifras, se reduce a cerca de la mitad[5].
La argumentada neutralidad de la política exterior española en torno al conflicto colombiano y su contribución a la paz no sólo queda en entredicho dada la abominable venta de material bélico, sino también cuando desde diferentes instancias tales como la Cámara de Comercio, la propia Embajada o la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, se apoya a las transnacionales españolas en su entrada al país, vía lobby o vía RSC, a sabiendas de que éstas, han estado (y algunas parecen seguir estando) involucradas en acciones dudosamente legales, como lo fue el despojo de las comunidades situadas en los márgenes del rió Cauca que Unión Fenosa contribuyó a cometer con la construcción de la repesa de la Salvajina, o Repsol en diversas comunidades de Arauca[6]. Por no hablar del sistemático deterioro del mercado laboral que implica la contratación terciarizada tan extendida entre las empresas transnacionales españolas afincadas en Colombia.

El enconamiento que vive el conflicto armado en el Cauca requiere de la Comunidad Internacional una enérgica acción política en defensa de la población civil y el respeto del DIH. La tímida respuesta emitida no contribuye a defender a las miles de personas que diáriamente sufren los impactos de la guerra en sus territorios, pues, al evitar ejercer una veeduría internacinal contundente, se contribuye directamente a aumentar los riesgos de dicha población, facilitando el ingreso de actores paramilitares en la zona. Asunto recurrente en la historia colombiana. El stop a la venta de armamento a Colombia, y una decidida veeduría internacional, acompañamiento y acción política en defensa del DIH se constituyen hoy como políticas concretas de imprescindible implementación si realmente se aboga por la paz como se dice abogar por ella en los diferentes documentos oficiales que España –y el resto de Comunidad Internacional- ha suscrito con Colombia.

Adicionalmente, un apoyo explícito al movimiento civil por la paz, entroncado en la Ruta Común Social para la Paz, sería de gran valor a la hora de presionar al ejecutivo de Santos a reconocer como sujeto político de paz a la sociedad civil. La Comunidad Internacional podría jugar un papel más relevante para favorecer la participación del movimiento popular de manera activa en las negociaciones entre el Estado y la insurgencia que se abren camino a partir del 5 de Octubre en Oslo.



[1] Afortunadamente, hay testimonios audiovisuales que muestran qué y cómo pasó lo que pasó:
http://www.youtube.com/watch?v=jtKqty5qf5w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=v2sjETnkX_U&feature=autoplay&list=UUDjK8WHegWmq3RAw5FTxX_A&playnext=1
[2] Los Planes de Vida Digna (PVD) son el equivalente a lo que en España se conocen como Planes de Acción Integral. Son diseñados participativamente por toda la comunidad y abordan todos los aspectos relacionados con el desarrollo sociocomunitario en el territorio.
[3] Fuente: El País. Lunes, 7 de junio de 2010.
[4] Más de 2.000.000 de Euros en municiones y 12.000.000 en aeronaves. Fuente: Centre d’estudis per la Pau, JMDELÀS: http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=867%3Aespana-dobla-el-valor-de-las-exportaciones-de-armas-en-un-ano-y-vende-a-paises-en-conflicto&catid=43%3Aindustria-i-comerc-darmes&Itemid=64&lang=es
[5] Fuente: La cooperación Internacional en Colombia. Un estudio sobre la intervención del Estado español y la Unión Europea. (2011). OMAL-PcD.
[6] Los impactos de la cosntrucción de la represa de la Salvajina han sido llevados a tribunales nacionales e internacionales por la Asociación NOMADESC. En cuanto a los impactos del accionar empresarial de Repsol, véase: Ramiro, P. Y Chaparro A. (2006). Colombia en el Pozo. Los impactos de Repsol en Arauca. OMAL-PcD